Esta decisión abre una vía de financiamiento crucial para el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, enfrentados a un déficit presupuestario que supera los 200 millones de dólares.

La medida, que aguarda la promulgación del Presidente Santiago Peña, modificará los artículos 18 y 23 de la ley 5876/2017, permitiendo la venta de vehículos, aeronaves y hasta ganado, cuyo mantenimiento representa un alto costo para el Estado.

Los fondos recaudados se destinarán al Tesoro Nacional, quedando a disposición del Ministerio de Economía.

La lucha contra el narcotráfico

La propuesta de monetización de los bienes del narcotráfico, impulsada por Enrique Riera, busca solventar la falta de recursos para invertir en la institución policial.

A pesar de contar con un presupuesto de 400 millones de dólares para la Policía Nacional, la falta de maniobra financiera ha sido un obstáculo constante.

La iniciativa ha encontrado eco en el Congreso, especialmente ante la perspectiva de administrar un gran volumen de activos desvalorizados que, de no ser por esta ley, resultarían en pérdidas para el Estado al momento de su subasta.

Fortalecimiento de la Policía Nacional

Además de la monetización de bienes incautados, el Ministerio del Interior ha logrado un importante avance con la obtención de un crédito de 100 millones de dólares de Itaipú Binacional.

Este crédito, que se desembolsará en tres cuotas, está destinado a la capacitación y equipamiento de aproximadamente 5000 oficiales.

Este esfuerzo se suma a la adquisición de 2000 armas incautadas del Operativo Dakovo, destinadas a oficiales de las fuerzas especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

Implicaciones y expectativas 

La aprobación de esta ley no solo representa un avance en la lucha contra el narcotráfico, sino que también establece un precedente en la gestión de bienes incautados.

Sin embargo, es importante destacar que la Senabico no podrá rematar inmuebles automáticamente; cada caso requerirá la aprobación de un juez competente.

Esta medida cautelar pretende asegurar un proceso transparente y justo, evitando posibles abusos en la administración de los bienes incautados.