En el proceso de lucha por la tierra de las organizaciones campesinas en Paraguay desde la caída de la dictadura stronista, hay registros de un total de 124 dirigentes asesinados, según destaca un informe que analizó dos casos dados ya bajo el gobierno de Mario Abdo Benítez.

“Los asesinatos forman parte de las estrategias de criminalización de la lucha social, en este caso la campesina, que va acompañada de desalojos violentos, robos, incendio de pertenencias, atentados, hostigamientos, amenazas de muerte, agresiones sexuales, difamación, falsas denuncias, entre otra”, indica el estudio realizado por Lis García y Abel Irala, de Base Investigaciones Sociales.

Tomando los datos del Informe Chokokue realizado por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), entre 1989 y el 2013 se dieron un total de 115 asesinatos de dirigentes campesinos.

“Durante el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018) se registraron siete asesinatos de dirigentes campesinos de los departamentos de Concepción, San Pedro, Alto Paraná, Itapúa y Canindeyú”, detalla el informe especial.

CASOS. Uno de los casos más emblemáticos acontecido durante la era Cartes se dio en la mañana de Navidad del año 2014, cuando sicarios emboscaron y asesinaron a Digno González, dirigente de base de la Unión Campesina Nacional (UCN) y del asentamiento 13 de mayo, crítico a los cultivos de soja transgénica y defensor de las semillas nativas.

En ese entonces, la Codehupy alertó de que se trataba del dirigente número 117 asesinado tras la caída del stronismo, recordando también el asesinato del dirigente campesino Eulalio Torres dado ese mismo año.

Por su parte, la Organización de Lucha por la Tierra (OLT) emitió un furibundo comunicado contra el Gobierno y el agronegocio.

“Los asesinatos de Toto Lezcano, Eulalio Torres, Vidal Vega, Digno González y otros dirigentes campesinos, son claras ejecuciones selectivas que la mafia, los ganaderos, y los sojeros, vienen ejecutando por sicarios en complicidad o total tolerancia del gobierno del Nuevo Rumbo. Ejecuciones que incluso coinciden con el mapa de avance del agronegocio, la narcoganadería y las deforestaciones masivas en nuestro país: Itapúa, Alto Paraná, San Pedro, Canindeyú y Concepción”, indicaba el comunicado de la OLT.

Uno de los últimos casos de asesinato dados ya durante el periodo actual de gobierno de Mario Abdo Benítez ocurrió el 11 de junio del año pasado en la ocupación de tierra en la Colonia Tacuapí, ubicada en el distrito Yasy Cañy, Departamento de Canindeyú, donde resultó víctima Edilson Mercado, un campesino sin tierra de 38 años.

La ocupación se inició el 16 de abril de 2019 con unas 200 familias campesinas en tierras que pertenecieron a la Industrial Paraguaya SA y terminaron irregularmente en manos de una familia de apellido Sanabria, quienes contrataron guardias privados y estos terminaron con la vida de Edilson.

El informe señala que los autores estuvieron apenas dos meses en la cárcel y que el asentamiento, que tomó el nombre del asesinado “Edilson Mercado”, sigue bajo amenazas y disparos permanentes.

El último dirigente campesino asesinado fue Arnaldo Rodríguez, de 40 años de edad, de la Comisión Sin Tierra 7 de Enero, de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, asesinado el 8 de junio de este año.

“Su victimario, Héctor Calonga, lo miraba mientras Rodríguez tendido en el suelo intentaba moverse, gritando para solicitar auxilio... Minutos antes de ser asesinado, Rodríguez se dirigió a Calonga: Si tenés el título, si me mostrás el título de la tierra ahora mismo salimos de aquí! Calonga solo exhibió su arma”, detalla el informe.

7.851.295 hectáreas de tierras malhabidas fueron las entregadas entre 1954 y 2003 a no sujetos de la reforma agraria.

106 ocupaciones se dieron entre 2008 y 2019, y solamente el 9% ha logrado su reclamo de acceso a la tierra.