Se trata de Ángel Silva Balcázar, jefe del departamento de Contratos de la Unidad Operativa de Contrataciones, Guido Francisco Burgos Espínola, director general de Administración y Finanzas, y Adalberto Benítez Aguilera, director de Obras y Proyectos, Rodrigo Ojeda Giménez, jefe de emisión de la firma aseguradora El Productor SA.

Están acusados por producción de documentos no auténticos y lesión de confianza, mediante aceptación de pólizas de seguro apócrifas en el proceso de construcción de la sede regional en Encarnación del Ministerio Público.

En ese sentido, la fiscal María Irene Álvarez señaló que durante la primera jornada de audiencias los acusados plantearon varios incidentes entre solicitud de nulidad de la acusación, inclusión probatoria y extinción de la acción.

Ahora se estableció un receso hasta el próximo 30 de mayo donde se retomará el juicio a fin de que el Ministerio Público conteste los planteamientos de los acusados.

En cuanto a la causa en sí, Álvarez detalló que en el presente proceso se busca demostrar la manera en que tanto los funcionarios fiscales como el colaborador de una compañía de seguros habrían operado para el pago en concepto de pólizas aparentemente falsificadas.

“Se trae a juicio en esta causa, son las circunstancias en que se utilizó un documento no auténtico, unas pólizas de seguro que hacían a unas garantías de una licitación adjudicada a un consorcio, se pagó con esas pólizas falsas alrededor de G 2.000 millones por certificaciones de obra que no debían haberse pagado”, explicó.

A criterio de la representación fiscal hubo un incumplimiento del manual de funciones y de cargos que tenía cada una de las dependencias de supervisión de que las pólizas efectivamente hayan sido emitidas por la empresa.

“Aquí la particularidad es que en este caso existe un funcionario de la aseguradora que aparentemente su participación habría sido en el contexto de facilitación del contenido o modelo de pólizas”