La investigación por parte de la Contraloría General de la República (CGR) sobre los títulos académicos presuntamente irregulares en la función pública reveló una vulnerabilidad en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) sumamente escandalosa. El sistema informático utilizado para registrar los diplomas permitía que funcionarios se asignaran a sí mismos expedientes que debían pasar por un mecanismo de distribución automática y aleatoria.

En su avance de informe final sobre la Dirección de Registro de Títulos dado a conocer por el contralor general, Camilo Benítez, el pasado jueves en conferencia de prensa en el Senado, se desglosa que la CGR identificó 204 eventos de autoasignación de paquetes de documentos en el Sistema de Información de Educación Superior (SIES).

En esas operaciones, la cuenta que ejecutó la asignación coincidía con la identificada como destinataria del expediente.

El informe advierte que esta posibilidad debilitaba los controles de independencia y distribución de los trámites, pues una misma cuenta podía intervenir en distintas etapas del proceso de registro de un título.

Si bien la Contraloría no concluyó que las 204 operaciones fueran fraudulentas ni que los títulos involucrados fueran falsos, se sostiene en el informe que la ausencia de restricciones informáticas y controles compensatorios aumentaba el riesgo de selección discrecional de expedientes y dificultaba garantizar que todos los trámites fueran procesados bajo las mismas condiciones.

El esquema. En una parte del informe se señala el esquema operativo que funcionarios del MEC utilizaban para autoasignarse títulos.

La normativa que regulaba el procedimiento establecía que el sistema debía asignar los paquetes de documentos de forma automática y aleatoria, siguiendo el orden de ingreso de los trámites.

No obstante, los auditores encontraron una funcionalidad que permitía realizar asignaciones manuales.

El MEC explicó que se utilizaba para resolver situaciones operativas, como permisos por enfermedad, vacaciones o indisponibilidad de los técnicos encargados de verificar los documentos.

El problema identificado por la Contraloría fue que no existían controles preventivos suficientes para impedir que el usuario que ejecutaba la asignación fuera también el destinatario del paquete.

Tampoco se encontraron alertas automáticas que notificaran estas operaciones ni un procedimiento suficientemente definido para autorizar y documentar las excepciones.

Entre los registros examinados, la Contraloría individualizó 83 autoasignaciones asociadas a una cuenta de usuario, 44 a otra y 41 a una tercera. También identificó 30 eventos vinculados a otra cuenta.

En algunos de esos casos, las mismas cuentas registraron actuaciones posteriores de verificación y recepción, confirmación o rechazo del expediente.

El informe sostiene que esta concentración de funciones debilitaba la separación entre quienes debían recibir, verificar y resolver los trámites.

Qué dijo el MEC. Según el informe, el MEC argumentó que las reasignaciones respondían a necesidades operativas y que posteriormente adoptó medidas para reforzar el procedimiento.

Sin embargo, la Contraloría mantuvo la observación y recomendó reconfigurar técnicamente el sistema para impedir las autoasignaciones y garantizar la separación efectiva de funciones.

Estos hallazgos se suman al primer avance de la investigación de la Contraloría sobre los títulos académicos declarados por funcionarios públicos.

En la mira. El organismo identificó 1.090 títulos declarados por 1.082 funcionarios de 35 organismos estatales que no encontraron respaldo en los registros de las instituciones educativas consultadas.

Los casos fueron denunciados ante el Ministerio Público, aunque la CGR aclaró que todavía deben verificarse individualmente y que no todos pueden considerarse falsificaciones comprobadas.

“Nos encontramos con una realidad mucho más perversa de la que nosotros habíamos presumido en el peor de los escenarios”, afirmó Camilo Benítez el pasado jueves, al explicar por qué la auditoría no podrá concluir dentro del plazo inicial de 45 días. La Contraloría presentó un primer avance de la fiscalización, mientras continúa recabando información de organismos públicos y universidades.

La Contraloría aún no cuenta con una estimación del eventual perjuicio económico al Estado por estos títulos.

Para establecerlo, será necesario determinar si los funcionarios percibieron bonificaciones, gratificaciones salariales u otros beneficios asociados a sus credenciales académicas, además de comprobar las responsabilidades correspondientes.

El informe dado a conocer generó todo un revuelo político y ciudadano.

204 eventos de autoasignación de títulos por parte de propios funcionarios del MEC detectó la CGR.

83 autoasignaciones asociadas a una cuenta de usuario, 44 a otra y 41 a una tercera, se detectó.