El Ministerio Público lanzó ayer un comunicado donde rechazó las expresiones del titular de la UIC. “La cartera a cargo de Fúster no realizó o al menos no aportó a la investigación ninguna fiscalización o informe”, cita parte del texto, en referencia a la denuncia de que nunca se hicieron allanamientos a la tabacalera del ex presidente de la República, Horacio Cartes.

“Fúster no solo ha faltado a la verdad, también realiza declaraciones sin fundamentos, pretendiendo atribuir al Ministerio Público la responsabilidad del contrabando de cigarrillos”, mencionaron.

El ex fiscal, en contacto con Telefuturo, dijo que en aquel año había solicitado el allanamiento de varias tabacaleras, entre ellas la de Cartes, “para profundizar la investigación, seguir la ruta del dinero y llegar realmente a los verdaderos financistas del contrabando, considerando que éste es un hecho precedente al lavado de dinero”.

Sobre eso, la Fiscalía dijo que hay cuatro condenados en el caso, como producto de aquellas investigaciones, llevadas por los fiscales María Estefanía González y Diego Zilbervarg. “En tiempo récord. Se obtuvo una condena para los autores y un comiso histórico de G. 10.000 millones”, señala. Además, menciona que hay una nueva causa sobre los presuntos dueños de depósitos.

Por su parte, Fúster mencionó que los que tienen sentencia son solo los que trabajaron como estibadores.

DENUNCIA. ”Hay que cortar el oxígeno de los contrabandistas. Eso se puede realizar con investigaciones financieras y el director es el Ministerio Público”, lanzó el titular de la UIC.

Consideró importante que se realicen investigaciones financieras y tributarias a financistas del contrabando de cigarrillos y que eso solicitó hace 4 años, pero que supuestamente no hubo retorno. Había pedido el allanamiento de varias tabacaleras, tras un decomiso de una carga importante de cigarrillos en campamentos clandestinos en Salto del Guairá. También solicitó a representantes de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) una trazabilidad del dinero, producto de ese hecho.

Ya en el 2020, en la misma localidad, en un operativo de la Senad y el Ministerio Público, se incautaron 40 millones de cajetillas de cigarrillos y en su mayoría eran de Tabesa, propiedad de Cartes, por lo que aseguró que sería bueno hacer investigaciones y llegar a los propietarios de este tipo de firmas.

“SÍ SE INVESTIGÓ”. La fiscala María Estefanía González dijo que sobre esa carga incautada en el 2018 “hubo condenados y la causa sigue abierta”. “Los verdaderos dueños de esa carga se presentaron porque al principio pensaron que esta causa iba a terminar así nomás”, mencionó. Aseguró que el problema fue que el ministro solo quería que se allane la tabacalera de Cartes, y no todas las demás.

“Sobre esta causa hemos individualizado a varios responsables. Él (Fúster) está queriendo decir que no hice mi trabajo. Yo tengo todos los documentos... Hace 22 años estoy trabajando y no me presto al juego de nadie”, sostuvo.

La fiscala González había sido removida de la Unidad contra el Contrabando, luego de las denuncias de Fúster, justamente en ese caso. Ella sostuvo que Fúster desestabilizó el Ministerio Público.

Dijo que la causa penal prosigue y que ahora continúa en manos de los fiscales Zilbervarg y Eugenio Ocampos.

Hay que cortar el oxígeno de los contrabandistas. Eso se puede realizar con investigaciones financieras Emilio Fúster, ministro de la UIC.

Hemos individualizado a responsables. Él (Fúster) quiere decir que no hice mi trabajo, tengo los documentos. María González, fiscala.

Crimen organizado: Fiscal se reúne con agentes extranjeros

Representantes de la Fiscalía se reunieron con autoridades del Brasil y los EEUU, con el fin de acordar “cooperación y trabajo entre el Ministerio Público de Paraguay, y autoridades de agencias investigativas”. El tema tratado fue el crimen organizado, y aseguraron que buscan fortalecer y establecer puntos de cooperación interinstitucional para combatirlo.

Los fiscales Marcelo Pecci y Alicia Sapriza recibieron a las autoridades de agencias de ambos países. “Afianzamos estrategias conjuntas en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Reafirmamos nuestra misión”, fue lo que comunicó Pecci, a través de sus redes, pero no se logró conocer más detalles de la reunión.

Justamente ambos agentes integran varios equipos investigando los casos de crimen organizado, como atentados y sicariatos.

ASESINATO POR ENCARGO. El último caso que causó gran conmoción fue el crimen ocurrido en el festival Ja’umina Fest, en la ciudad de San Bernardino, el pasado 31 de enero, en el que fallecieron la influencer Cristina Aranda y un presunto narcotraficante Marcos Rojas Mora.

Según el Ministerio Público, Alcides Villasboa Peralta, alias Ropero, un presunto traficante de drogas que operaría en la zona de Pedro Juan, habría comprado de Marcos Rojas (ambos del PPC) 18 kilos de cocaína peruana, por un valor de USD 64.800, el año pasado.

Supuestamente la compra fue a crédito, pero Ropero no cumplió. Rojas recurrió al cuadro de disciplina del grupo criminal Primer Comando Capital (PCC) y así llegar a un acuerdo.

El nuevo plazo impuesto a Ropero era el 20 de enero, pero tampoco se pagó por la mercancía, por lo que el ahora asesinado intensificó reclamos y Villasboa habría ordenado su muerte.

En este caso, el suboficial Peralta (primo de Ropero) también estaría involucrado, pero en la logística del atentado ocurrido en San Ber. Se sospecha que estuvo actuando de custodio antes del asesinato.

Así también, Anderson González y Mario Dener Lopes, quienes actualmente están en libertad, siguen investigados en el caso.

AUMENTO. El ex juez electoral Jorge Rolón Luna, había compartido datos estadísticos sobre la cantidad de atentados ocurridos en el país.

En enero del 2020 hubo 14 sicariatos, mientras que en el 2021 subió a 16 los atentados. Lo grave que es en poco tiempo de este año, ya se registraron 27 episodios de este tipo.

Mencionó su preocupación sobre el gran crecimiento de estos casos, que anteriormente solo ocurría en zonas de la frontera y que ahora van ganando terreno en la zona Central del país, con asesinatos realizados en plena luz del día.

“Se puede decir, el sicariato es en el Paraguay un fenómeno asentado y en constante crecimiento”, había considerado Rolón Luna.

Según la propia investigación que realizó, cada 48 horas aproximadamente se produjo un atentado el año pasado.

“El tráfico importante de cocaína ha hecho que organizaciones criminales de otros países, como Brasil, hayan visto como un mercado atractivo. El involucramiento de las organizaciones criminales brasileñas tiene un impacto en la violencia”, afirmó.