El PGN 2023 dispone que sólo hasta el 60% de los gastos pueden ser ejecutados hasta el mes de julio, dijo el ministro en declaraciones a la prensa este lunes.

Reiteró también que las cuentas fiscales están regidas por normativas legales y manuales internacionales como el del Fondo Monetario Internacional (FMI) y que además son revisadas de manera regular por instituciones como la Contraloría General de la República y el Congreso Nacional.

El déficit fiscal (diferente entre ingresos y gastos del Estado) está en un 1,3% del Producto Interno Bruto (PIB) al mes de mayo. La autorización para este año es de un déficit del 2,3% buscando reducir progresivamente los gastos públicos luego de la pandemia del covid-19 y volver al límite del 1,5% propuesto por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).

El ministro indicó que algunas declaraciones del equipo de transición «atacan la institucionalidad fiscal» e indicó que se cuenta con claridad en los números. Además, desde Hacienda se solicita información a las entidades del Estado para entregarlas a las próximas autoridades a partir del mes de agosto.

En cuanto a las deudas que puedan existir en las distintas instituciones del Estado, el ministro recordó que éstas son responsabilidad de cada administración, al existir una descentralización operativa, «por lo que cada entidad es responsable de registrar sus deudas con las proveedoras».