El gobernador de Amambay, Juan Silvino Acosta, se encuentra en el centro de una controversia tras denuncias sobre la compra de 10 ambulancias con chasis presuntamente adulterados. Documentos filtrados y evidencias gráficas sugieren que los vehículos adquiridos por la Gobernación podrían haber sido alterados o presentar irregularidades en su documentación, lo que ha generado un fuerte reclamo ciudadano y ha encendido las alarmas en el ámbito político y judicial.

¿Qué implicaciones tiene este caso?

Como máxima autoridad del Ejecutivo Departamental, Acosta tiene responsabilidad política, administrativa e incluso penal sobre el uso de los recursos públicos. Según la Ley Orgánica Departamental (N° 426/94), el gobernador supervisa y aprueba adquisiciones financiadas con fondos estatales.

Si se confirma que los vehículos adquiridos presentan números de chasis adulterados, esto podría constituir fraude en la administración pública y malversación de fondos, delitos que podrían derivar en sanciones políticas, administrativas y hasta penales.

Los tres niveles de responsabilidad que podría enfrentar

1. Responsabilidad política

El gobernador tiene la obligación de garantizar el correcto uso de los recursos públicos.

La compra de ambulancias con irregularidades podría derivar en un pedido de interpelación en la Junta Departamental.

Si se demuestra negligencia grave, incluso podría considerarse la apertura de un juicio político.

La falta de transparencia en la compra genera un fuerte impacto en su credibilidad política.

2. Responsabilidad administrativa

La Contraloría General de la República podría abrir una auditoría para analizar el proceso de adquisición.

Si se determina que la Gobernación no realizó los controles adecuados, se podría sancionar a la administración por mala gestión de fondos públicos.

3. Responsabilidad penal

Si se demuestra que el gobernador tenía conocimiento de la adulteración de los chasis y permitió la compra, podría ser imputado por varios delitos del Código Penal Paraguayo, incluyendo:

Lesión de confianza (Art. 192 C.P.) – Uso indebido de fondos públicos.

Producción de documentos no auténticos (Art. 246 C.P.) – Si autorizó documentos con datos falsos sobre los vehículos.

Asociación criminal (Art. 239 C.P.) – Si se comprueba que participó en un esquema de corrupción con proveedores.

Incumplimiento del deber legal (Art. 216 C.P.) – Si permitió la compra a sabiendas de las irregularidades.

Preguntas clave que determinarán su nivel de implicación

Para esclarecer la posible responsabilidad del gobernador, la investigación deberá responder:

✅ ¿Firmó documentos aprobando la compra de estas ambulancias?
✅ ¿Se realizaron inspecciones técnicas previas a la compra?
✅ ¿Fue advertido de las irregularidades antes o después de la adquisición?
✅ ¿Quiénes fueron los responsables directos dentro de la Gobernación?
✅ ¿El proceso de compra fue mediante licitación pública o contratación directa?

Si se confirma que Acosta desconocía completamente las irregularidades, su responsabilidad podría limitarse a un cuestionamiento político por falta de control. No obstante, si se demuestra que autorizó la compra con conocimiento de las irregularidades, su situación podría escalar a lo penal

Próximos pasos en la investigación

Las autoridades deben actuar con rapidez para esclarecer este escándalo y determinar las responsabilidades correspondientes. Se recomienda:

1. Abrir una auditoría inmediata para revisar el proceso de compra.

2. Solicitar informes a la Gobernación y a los responsables de la adquisición.

3. Determinar si hubo negligencia en la fiscalización de los bienes adquiridos.

4. Remitir el caso al Ministerio Público y la Contraloría General de la República si se confirman las irregularidades.

Este escándalo pone en jaque la gestión de Juan Silvino Acosta, quien deberá dar explicaciones sobre el destino de los fondos públicos. Mientras tanto, la ciudadanía de Amambay sigue exigiendo respuestas sobre la legalidad de las ambulancias adquiridas con dinero estatal.

¿Se convertirá este caso en otro símbolo de corrupción en la administración pública, o se hará justicia para los ciudadanos de Amambay?

Radio Imperio 106.7 FM