Castro era el principal testigo de este caso de corrupción en el que también estaba presuntamente implicado, y por el que el Ministerio Público pidió 25 años de prisión en su contra.

Pérez afirmó que su muerte podría afectar el desarrollo del juicio, cuyo inicio estaba programado para el 23 de septiembre del presente año.

El fiscal anticorrupción relató que el exgerente municipal acudió la semana pasada a las oficinas del equipo Lava Jato, y más allá de estar algo preocupado por el inicio del juicio, no expresó intranquilidad por su seguridad.

Además, expuso que la norma penal permite utilizar las declaraciones escritas del ahora fallecido colaborador y señaló que esperan que estas supongan un "valioso aporte", pues Castro era señalado por el Ministerio Público como el segundo a cargo de la presunta organización delictiva que supuestamente lideraba Villarán.

Pérez sostuvo que si la muerte de Castro fue un homicidio, se evaluará reforzar la seguridad de otros testigos y personas protegidas en el juicio.

"Esto debe ser una alerta para que los procesos de gran corrupción se realicen de forma más oportuna y continua”, declaró Pérez al criticar la gran demora para el inicio del juicio, pues los actos de este presunto delito que serán juzgados ocurrieron en el 2013 y 2014.

El 5 de noviembre de 2024, el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria dictó el auto de enjuiciamiento contra la exalcaldesa, 20 personas naturales y 10 personas jurídicas, por los presuntos delitos de organización delictiva, lavado de activos, corrupción de funcionarios y otros.

El caso está referido a una serie de hechos vinculados al presunto financiamiento ilícito de Odebrecht y OOAS, a las campañas de revocatoria en el 2013 y la reelección municipal del 2014.

Entre las personas naturales están, además de Castro, los exfuncionarios municipales, Domingo Arzubialde, Gabriel Prado, Marco Del Mastro, Cecilia Lévano, Guillermo Loli, entre otras.

Mientras que entre las empresas están Lamsac, OAS, Odebrecht, Rutas de Lima, JW Thompson, por mencionar algunas.

La Fiscalía solicitó 29 años de prisión para Villarán por presuntamente haber recibido 10 millones de dólares de Odebrecht y OAS para financiar su campaña contra su revocatoria en el 2013 y la electoral para su reelección en 2014.