Costa Rica ya superó el récord de homicidios registrado el año anterior, según estadísticas oficiales. El 25 de septiembre, el país contabilizó 630 homicidios, superando por dos muertes el récord de 628 registrado para el total de 2022. Los cálculos de InSight Crime excluyen casos de eutanasia y negligencia profesional, que se cuentan en el saldo oficial de homicidios.

Randall Zúñiga, director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica, anunció en una conferencia de prensa ofrecida el 12 de septiembre que el total de homicidios podría superar los 900 para finales de 2023.

"Esto significa un aumento de entre 35 a un 40% de los homicidios en un periodo de 365 días", añadió.

Si la proyección de Zúñiga se cumple, la tasa de homicidios de Costa Rica superará los 17 por 100.000 habitantes, que dejará muy atrás la tasa de homicidios del año anterior, de 12,2 por 100.000, y clasificará al país entre los más violentos de la región.

El narcotráfico y el crimen organizado han sido los responsables del récord de homicidios, dados los enfrentamientos entre organizaciones criminales por territorios para el expendio y trasiego de drogas.

Históricamente, Costa Rica ha sido un trampolín para la cocaína colombiana con destino a Europa o Estados Unidos. En 2020, los decomisos alcanzaron un pico de 56% y se mantuvieron en ese nivel en 2021, lo que posiblemente marcaba un aumento de la participación del país en el tráfico, pero en 2022, las incautaciones cayeron 46%.

En medio del gran número de decomisos de los últimos años, los narcotraficantes han trasladado progresivamente sus operaciones lejos del epicentro de la cocaína en el país, el puerto de Moín, en la provincia de Limón. Ahora, los traficantes buscan otros puertos mientras eluden a las autoridades en Moín, un factor que puede haber contribuido a la caída observada en 2022.

El gobierno costarricense ha tomado diversas medidas para contener el reciente incremento de los homicidios y el narcotráfico.

En febrero, el presidente Rodrigo Chaves anunció una ayuda de Estados Unidos por un monto de varios millones de dólares para combatir el narcotráfico. Pocos meses después, en mayo, el congreso de Costa Rica extendió los periodos de detención preventiva como parte de una serie de reformas dirigidas a combatir el crimen organizado. Y en julio, el gobierno lanzó la Operación Soberanía en Moín, en el marco del cual las autoridades prometieron escanear la totalidad de los contenedores que transitan por el puerto para detectar drogas.

Análisis de InSight Crime

La falta de coordinación entre las autoridades costarricenses ha dificultado la toma de medidas de seguridad contra el repunte del narcotráfico y la violencia.

Costa Rica tiene 12 policías administrativas, además del OIJ, pero estas unidades no siempre coordinan su trabajo de manera eficiente, afirmó Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica y actual directora de una firma de consultoría de riesgo político en el país.

"Sí hay niveles importantes de profesionalismo, pero en esas unidades especializadas aun así tenemos el desafío de la coordinación", comentó Chinchilla en conversación con InSight Crime.

Los problemas de coordinación se deben en parte a la falta de una estrategia de seguridad nacional coherente a largo plazo. El presidente Chaves admitió en marzo que su gobierno no había podido crear dicho plan durante su primer año en el poder, pero también culpó de ello a sus predecesores, aduciendo que el país no ha tenido un programa de seguridad en más de 10 años.

La carencia de planes de seguridad formalizados en los últimos años implica que cada nueva administración presidencial debe empezar desde cero, señaló el exministro de seguridad pública de Costa Rica Gustavo Mata.

"Cualquier jerarca que llegue y no conozca del tema tiene que pasar por una curva de aprendizaje. Y mientras aprende el tema, pues ya le pasaron los cuatro años y realmente no hizo nada”, le comentó Mata a InSight Crime.

"Con una política nacional […] pues ya se le marca el camino y el funcionario que llega a sentarse a esa silla va a tener claramente establecido hacia dónde tiene que ir, cuáles son las metas".

Los funcionarios de orden público destacaron un ejemplo de esos problemas de coordinación el 14 de septiembre. En una escena inusual en Costa Rica, un grupo de efectivos de las fuerzas de seguridad, cubiertos con pasamontañas para resguardar su identidad criticaron una decisión del ministerio de seguridad de reasignar la Policía de Control de Drogas (PCD) de los puertos y aeropuertos a otros lugares del país.

Alegaron que los decomisos de cocaína y otras sustancias ilícitas son difíciles sin la experiencia de la PCD, debido a la falta de capacitación y recursos de la policía en los puertos de entrada. El 19 de septiembre, el ministro de seguridad pública Mario Zamora rechazó las críticas, calificando las afirmaciones de "temerarias" y adujo la necesidad de que el gobierno traslade recursos investigativos para combatir las peligrosas pandillas callejeras responsables de los homicidios en el país.

Costa Rica es uno de varios países latinoamericanos y del Caribe inmersos en una ola de violencia por el incremento del narcotráfico. En Ecuador, los homicidios se han disparado de manera aún más drástica con la competencia de las bandas por el control de las crecientes cantidades de cocaína que llegan al país procedentes de Colombia.

Chinchilla teme que Costa Rica vaya en la misma dirección.

Costa Rica y Ecuador "son países que eran muy tranquilos, que tenían bajos niveles de violencia pero que no actuaron a tiempo. Y entonces cuando se dan cuenta ya es muy tarde", le señaló a InSight Crime.