Además del exgobernador, fueron convocados los acusados Dr. Cirilo Daniel Darmanas Flores y Javier Marcelo Rojas, exdirector General de Administración y Finanzas de la Gobernación de Central y el exgobernador, para la última fase de la etapa intermedia que antecedente al juicio oral y público.

En la audiencia preliminar se analizará el contenido de la acusación del fiscal Silvio Corbeta, que describe la forma en que se dilapidaron recursos de la Gobernación de Central, entre 2019 y 2020, este último año de pandemia. El requerimiento acusatorio es por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y asoociación criminal 

Entre los meses de marzo de 2019 a diciembre de 2020, Hugo Javier González Alegre, a través de 51 resoluciones, autorizó indebidamente las transferencias de recursos, por G 24.424.032.733, en concepto de aportes para financiar gastos administrativos y misionales de los proyectos que fueron presentados ante la gobernación, sin embargo, los fondos no habrían sido destinados para ejecutarlos en su totalidad. 

Mientras que Javier Marcelo Rojas Giménez, Director General de Administración y Finanzas desde el mes de junio de 2019, emitió 47 órdenes de pago correspondientes a los desembolsos que fueron efectuados desde el mes de junio del 2019, conjuntamente con Luis Allende Araujo y Hugo Javier González Alegre. Las 47 órdenes de pago, fueron emitidas indebidamente, para solventar los gastos de 44 proyectos, por la suma total de G 23.132.549.440, sin embargo, a través de los desembolsos correspondientes a los 44 proyectos, se ocasionó un perjuicio patrimonial a la gobernación de aproximadamente G 17.092.943.672.

Cirilo Daniel Darmanas Flores, como titular del del Consejo Regional de Salud de Central, efectivizó junto con su tesorero, un total de 8 cheques por la suma G 1.693.409.509, para financiar 8 proyectos, sin embargo, los fondos no habrían sido utilizados en su totalidad para ejecutar los proyectos, y se habría ocasionado un perjuicio patrimonial a la Gobernación del Departamento Central que asciende a la suma de G 957.763.109.

Mediante estas maniobras en la Gobernación, la colaboración de los funcionarios, los desembolsos ilegales y la falta de cumplimiento de los proyectos por parte de las organizaciones, causaron un perjuicio total G 18.384.427.005.

En la audiencia preliminar se analizará el contenido de la acusación del fiscal Silvio Corbeta, que describe la forma en que se dilapidaron recursos de la Gobernación de Central, entre 2019 y 2020, este último año de pandemia.

Dicha acusación refiere que entre los meses de marzo de 2019 a diciembre de 2020, Hugo Javier González Alegre, a través de 51 resoluciones, autorizó indebidamente las transferencias de recursos, por G 24.424.032.733, en concepto de aportes para financiar gastos administrativos y misionales de los proyectos que fueron presentados ante la gobernación, sin embargo, los fondos no habrían sido destinados para ejecutarlos en su totalidad. 

Mientras que Javier Marcelo Rojas Giménez, Director General de Administración y Finanzas desde el mes de junio de 2019, emitió 47 órdenes de pago correspondientes a los desembolsos que fueron efectuados desde el mes de junio del 2019, conjuntamente con Luis Allende Araujo y Hugo Javier González Alegre. Las 47 órdenes de pago, fueron emitidas indebidamente, para solventar los gastos de 44 proyectos, por la suma total de G 23.132.549.440, sin embargo, a través de los desembolsos correspondientes a los 44 proyectos, se ocasionó un perjuicio patrimonial a la gobernación de aproximadamente G 17.092.943.672.

Cirilo Daniel Darmanas Flores, como titular del del Consejo Regional de Salud de Central, efectivizó junto con su tesorero, un total de 8 cheques por la suma G 1.693.409.509, para financiar 8 proyectos, sin embargo, los fondos no habrían sido utilizados en su totalidad para ejecutar los proyectos, y se habría ocasionado un perjuicio patrimonial a la Gobernación del Departamento Central que asciende a la suma de G 957.763.109.

Mediante estas maniobras en la Gobernación, la colaboración de los funcionarios, los desembolsos ilegales y la falta de cumplimiento de los proyectos por parte de las organizaciones, causaron un perjuicio total G 18.384.427.005.

Pese a todas las irregularidades y el incumplimiento de los requisitos documentales, emitió las órdenes de pago y los cheques por medio de los cuales fueron desembolsados los recursos económicos en perjuicio de Gobernación.

El Observador