El naufragio del remolcador paraguayo “Papu Mar” en el kilómetro 77 del canal Paso Banco Chico ha provocado problemas ambientales y tensiones diplomáticas entre Paraguay y Argentina. El incidente, ocurrido la semana pasada, ha puesto en el centro del debate las recientes políticas de desregulación implementadas por el gobierno argentino de Javier Milei y sus efectos en la seguridad de la navegación fluvial. Simultáneamente, el evento provocó significativos cambios administrativos en la Marina Mercante paraguaya

El Sindicato de Conductores y Motoristas Navales de la República Argentina (Sinacora) rápidamente culpó al gobierno de Milei por el accidente. Dicen que las nuevas políticas de desregulación son la causa. Mariano Vilar, presidente de la organización, dice que el hundimiento es “consecuencia directa de la falta de controles de seguridad” en el Tratado de Navegación de la ruta fluvial.

Él habla de un decreto. Este permite que barcos con bandera extranjera operen en puertos argentinos sin los controles obligatorios. Esta flexibilización normativa, argumentan desde el sindicato, propicia condiciones de inseguridad en la navegación al priorizar intereses comerciales sobre estándares de seguridad.

El rescate, calificado como “dramático” por la Prefectura Naval Argentina, logró salvar a la tripulación que fue trasladada a Puerto La Plata. La preocupación sigue por el posible daño ambiental. El remolcador llevaba combustible que podría derramarse. Esto podría afectar las aguas de la hidrovía, que es vital para el comercio en la región.

Las repercusiones del incidente alcanzaron rápidamente el ámbito político paraguayo. El presidente Santiago Peña actuó rápido. Destituyó a Patricio Ortega, el director de la Marina Mercante, mediante un decreto. Ronald Zayas fue nombrado en su lugar. Él está relacionado con Ramón Jiménez Gaona, un empresario cercano al expresidente y actual líder del Partido Colorado, Horacio Cartes.

La designación de Zayas muestra la relación histórica entre Jiménez Gaona y Claudia Centurión. Centurión es la actual ministra del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y trabajó antes en el Consorcio Gaona y Lima.

Mientras tanto, la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) se ha desentendido de sus responsabilidades. Su presidente, Julio César Vera Cáceres, dijo que el organismo no puede fiscalizar los remolcadores.

Por su parte, el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym) de Paraguay ha decidido mantener un estratégico silencio sobre el incidente. Fuentes del gremio dicen que esta posición quiere no interrumpir las negociaciones en el Comité Intergubernamental de la Hidrovía. Esto es especialmente importante por el tema del peaje que Argentina quiere cobrar por usar la vía fluvial. Este asunto ha causado tensiones entre los países de la cuenca en los últimos años.

Las fuentes de la Marina Mercante de Paraguay han negado las acusaciones del sindicato argentino. Dicen que las críticas son más sobre intereses gremiales, dañados por las nuevas políticas de Milei, que por preocupaciones reales sobre la seguridad. Las embarcaciones paraguayas no podían cargar en puertos argentinos. Esto se debía a que se consideraban de cabotaje. Esto cambió con Milei y ahora esos puertos pueden operar con embarcaciones paraguayas y dejar el transporte vía camiones. “Los argentinos reconocen que su flota es insuficiente,” dijo una fuente del sector naviero de Paraguay. También mencionó los beneficios logísticos y comerciales de la desregulación.

Antes de su destitución, el exdirector Ortega logró grandes avances en una agenda de apertura comercial con los representantes de la Cuenca del Plata. Uno de sus logros más importantes fue el acuerdo con Alicia Azula, la administradora del Puerto de Barranqueras en Resistencia (Chaco). Este acuerdo permitirá que las embarcaciones paraguayas operen en ese puerto desde junio. Este avance está en duda tras el cambio de autoridades. Generó resistencia entre gremios y cámaras empresariales en Argentina. Ellos advierten sobre una competencia desleal. Esto se debe a los menores costos impositivos y laborales de la flota paraguaya.

Fuente: LPO