La Iglesia católica advirtió que la intervención y posterior resolución de Ueno Bank dejaron al descubierto debilidades importantes tanto en los mecanismos de control del sistema financiero como en la capacidad de supervisión del Estado. Aunque reconoció que la activación del Fondo de Garantía de Depósitos permitió iniciar la devolución de una parte de los ahorros, señaló que todavía existen interrogantes sobre la dimensión real del perjuicio y la recuperación de los recursos comprometidos.
Uno de los principales reclamos está dirigido al Ministerio Público, al que exhortó a desarrollar una investigación independiente, objetiva y sin interferencias para determinar si existieron operaciones irregulares, sustracción o desvíos de dinero perteneciente al Estado. También exigió individualizar a los responsables y garantizar que respondan ante la Justicia.
Para el Arzobispado, la falta de respuestas concretas sobre el destino de los recursos constituye un factor que profundiza la desconfianza de la ciudadanía. Advirtió que la prolongación de las investigaciones sin resultados claros puede alimentar la percepción de impunidad y agravar el deterioro de la credibilidad de las instituciones.
El pronunciamiento también pone el foco en la reorganización del Poder Ejecutivo, ahora encabezado por Pedro Alliana, quien asumió la Presidencia tras la destitución de Santiago Peña en medio del escándalo financiero y político.
La institución religiosa considera que la nueva administración tiene la responsabilidad de revisar el funcionamiento de todas las carteras estatales y determinar qué autoridades están en condiciones de continuar. En ese sentido, planteó que la evaluación no debe limitarse a una reorganización superficial, sino que debe traducirse en cambios efectivos en las dependencias que presenten deficiencias.
El pedido cobra relevancia luego de que Alliana solicitara a sus ministros y titulares de secretarías ejecutivas poner sus cargos a disposición, como parte del proceso de reorganización de su equipo. La Iglesia instó al mandatario a aprovechar esa instancia para incorporar profesionales idóneos, con independencia de compromisos partidarios y capacidad para responder a las necesidades de la población.
También advirtió sobre la necesidad de evitar que la estructura estatal vuelva a quedar subordinada a los intereses electorales, especialmente ante las internas partidarias previstas para 2027 y las elecciones generales de 2028.
Entre las medidas planteadas al Ejecutivo figura una mayor apertura de la información sobre las finanzas públicas. La institución considera indispensable que la ciudadanía pueda acceder periódicamente a datos sobre las obligaciones pendientes con proveedores, la cantidad de funcionarios estatales y el costo total que representará la asistencia financiera vinculada a la crisis bancaria.
Otro punto central es la protección de los recursos públicos. Para ello, propuso establecer restricciones y mecanismos de control sobre los depósitos estatales y los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), con reglas que impidan una exposición desmedida del dinero de las instituciones públicas ante eventuales problemas financieros.
En materia de compras y contrataciones, reclamó reducir las incorporaciones de funcionarios a las necesidades reales de cada institución y garantizar que los procesos se desarrollen mediante concursos públicos. Asimismo, planteó coordinar las adquisiciones de medicamentos entre el Ministerio de Salud y el IPS, con precios de referencia que permitan evitar sobrecostos y mejorar la utilización de los recursos.
La Iglesia también insistió en que las instituciones públicas deben mantenerse al margen de las disputas electorales. Según su planteamiento, los funcionarios y las estructuras estatales deben concentrarse exclusivamente en la administración de los servicios públicos y no convertirse en herramientas de las campañas políticas.
El documento propone, además, establecer evaluaciones periódicas de los ministerios y hacer públicos sus resultados, de manera que las autoridades puedan ser medidas por objetivos concretos y no solamente por anuncios o compromisos políticos. Las deficiencias detectadas, sostiene, deben traducirse en correcciones inmediatas.
Finalmente, el Arzobispado considera que, ante el tiempo limitado que resta del actual periodo presidencial, la prioridad debe ser recuperar la transparencia, mejorar la gestión y ofrecer respuestas verificables a la ciudadanía, sin intentar imponer reformas estructurales que corresponderá definir a las autoridades elegidas en 2028.
El mensaje eclesiástico representa un nuevo llamado de atención al poder político en medio de las repercusiones del caso Ueno Bank. La exigencia no se limita a esclarecer las responsabilidades por el manejo de los recursos financieros, sino que alcanza directamente al funcionamiento del Gobierno y reclama que la nueva administración de Alliana marque una diferencia mediante decisiones concretas, transparencia y rendición de cuentas.
El comunicado concluye con un llamado a recuperar el respeto al Estado de derecho y a la justicia como condiciones indispensables para restablecer la convivencia y la paz social.
