Con la documentación presentada por las defensas, que demuestran el arraigo de ambas, la jueza concluyó que ya no se encuentran reunidos los presupuestos legales para mantener la prisión preventiva, puesto que conforme a las instrumentales agregadas se han desvanecido los presupuestos de peligro de fuga y el peligro de obstrucción a la investigación, por lo que resolvió otorgarles la medida sustitutiva de arresto domiciliario. 

La magistrada además estableció las siguientes reglas de conducta: prohibición de salir del país sin previa autorización del juzgado, prohibición de cambiar de domicilio sin autorización del Juzgado; obligación de comunicar a este Juzgado el cambio de cualquier otro dato relevante de su persona y la obligación de comparecer a la Audiencia Preliminar.

Ambas están imputadas por estafa y asociación criminal por supuestamente pedir y cobrar sumas de dinero a cambio de contratos, recategorizaciones y hasta nombramientos dentro de la Previsional, que de acuerdo a las investigaciones, afectó a miles de personas.