De acuerdo con los datos brindados por la Fiscalía, la carga era traída del lado argentino para su comercialización en el mercado local. Además de la imputación, el agente fiscal solicitó al Juzgado Penal de Garantías de Delitos Económicos la aplicación de la medida cautelar de prisión a raíz de que la conducta de los sindicados se subsume en lo descrito en la modificación del artículo 336 del Código Aduanero.

En ese sentido, hay que señalar que la normativa sanciona estos supuestos hechos con una pena mínima de 5 años de pena privativa de libertad, catalogado como crimen y en el de soborno por ofrecer suma de dinero al personal policial para que estos no cumplan con su deber y dejar transitar la mercadería. Esto hace que exista la sospecha del peligro de fuga por parte de los sindicados para no someterse al procedimiento.

La incautación de la carga que era transportada en dos vehículos fue resultado del trabajo interinstitucional realizado en el marco de un operativo entre la Policía Nacional, el Senave y la Unidad Especializada de lucha contra el Contrabando del Ministerio Público.