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2024-10-08 17:03:23 / POLICIALES
Imputan a funcionaria del Congreso y otras tres personas por desvío de indemnizaciones de la ANDE
La fiscala Norma Salinas imputó a cuatro personas, entre ellas la funcionaria pública Anadelia Acosta Armoa, por los presuntos hechos de estafa, apropiación y lesión de confianza. Se trata del esquema que habría desviado las indemnizaciones de la ANDE destinadas a familias humildes.

La funcionaria de la Cámara de DiputadosAnadelia Acosta Armoa, y el abogado Darío Aquiles Flores fueron imputados por la presunta apropiación de G. 725 millones de la indemnización de G. 800 millones, lesión de confianza y estafa.

También fueron procesados Ovidio Ramón Oviedo Brítez, pareja, y Juan Ramón Acosta, padre, respectivamente, de Anadelia Acosta.

“En total, tenemos 26 evidencias contundentes”, enfatizó la fiscala Norma Salinas en Monumental 1080 AM.

El padre y la pareja de Acosta Armoa figuran como testigos de Juana Honorina Casco de Ramírez, para el cobro del cheque ante la sede del Banco Nacional del Fomento (BNF) en Repatriación.

Estas personas son las primeras procesadas con relación a las investigaciones por el desvío de dos cheques intransferibles de G. 400 millones cada uno que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) concedió a dos familias humildes.

Aún falta determinar las responsabilidades de los funcionarios de la ANDE y del BNF, de acuerdo con la fiscala, a fin de saber cómo se entregaron los cheques y se efectivizaron, porque una carta poder no tenía validez y la escritura fue emitida en la localidad de Ybycuí.

Según precisó Salinas, hay tres documentos para actos judiciales y administrativos que están siendo investigados por su unidad fiscal.

Para la fiscala, “hay un montón de falencias que para nosotros no cierran”.

El primer cheque de G. 400 millones fue efectivizado el pasado 11 de setiembre y el segundo, por el mismo valor, el 26 de setiembre. Ambos por el abogado Darío Aquiles Flores Mendoza.

Sin embargo, solo recibieron en forma conjunta un total de G. 75 millones de los G. 800 millones.

La fiscala solicitó para los procesados una fianza real por valor de G. 800 millones, la prohibición de acercarse de la víctima, prohibición de salir del país, informó la periodista de Última Hora Liz Analía Acosta.




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