Estaría implicado en hechos de homicidio doloso en grado de tentativa, lesión grave, coacción grave, toma de rehenes, coacción sexual y violación, robo agravado, producción de riesgos comunes, amenaza de hechos punibles, asociación criminal en la colonia Chacore’i, distrito de Itakyry; supuesto hecho contra la autonomía sexual, coacción sexual y violación, amenaza de hechos punibles y asociación criminal, según denuncia radicada formalmente por Pedro Rufino Torrás Maldonado, su esposa Rosalina Romero de Torrás, además de Francisco Torrás, Carlos Torrás e Inocencio Ramos.

TURBA RABIOSA

Mbururu habría liderado una turba de alrededor de 50 indígenas de la comunidad Ko’e Poty, armados con machetes, foisas, hachas, cuchillos de carnicería, palos y varillas de hierro, tomando de rehenes a los denunciantes exigiéndoles que abandonen la propiedad, mientras eran cruelmente golpeados. Los criminales tomaron por asalto el inmueble y empezaron su fechoría incinerando una plantación de pasto tipo “Camerún”, seguido de un tractor Massey Ferguson de color rojo. Ingresaron a un depósito donde incendiaron una máquina sembradora Fraam Causer, de siete líneas y una fumigadora.

Los atracadores se llevaron de su interior numerosas herramientas utilizadas para los trabajos agrícolas, incluyendo desmalezadoras, motosierras y otras mecánicas, según la ratificatoria de denuncia. Las víctimas fueron golpeadas con objetos contundentes y hasta con una pala; robaron billeteras y enseres personales; G. 3 millones en efectivo, cheques, tarjetas de crédito y débito. En determinado momento, tomaron de rehén a la señora Rosalina, a quien manosearon por todo el cuerpo y sujetada por la alambrada principal de la propiedad por Diego Goncalvez, uno de los detenidos.

El mismo marginal habría amenazado con someterla sexualmente, para luego empezar a aniquilar pequeños animales, como conejos, gallinas y cerdos.

IDENTIFICADOS

Dos brasileños fueron identificados por los agredidos como, Diego y Lorena Goncalvez, además de “Mbururu”, ya que la mayoría actuó con pasamontañas. A la llegada de refuerzos policiales especializados, huyeron a refugiarse en un inmueble, propiedad del también brasileño Abel Simoe De Almeida. La Policía ingresó al lugar con intenciones de aprehender a los sujetos y búsqueda de objetos denunciados como robados.

PRIMER DETENIDO

Personal de investigación criminal, regional San Alberto, en seguimiento a informaciones, llegó hasta una hamburguesería del barrio Don Bosco de Ciudad del Este, donde identificaron a “Mbururu” y cumplieron la orden de detención librada por el fiscal Alfredo Acosta. Ya con presencia del juez penal de garantías Amílcar Marecos, se conformó equipo de trabajo para allanar el campamento indígena Ka’a Poty. Allí, fueron recibidos por la indígena Mabel Ramírez, quien dijo que Esquivel,  Ismael Barrios y un tal Ignacio, encabezaron los hechos investigados.

ALLANAMIENTOS

La comitiva judicial-fiscal-policial allanó la comunidad nativa, en cuyo transcurso se recuperó gran parte de las herramientas denunciadas como sustraídas por la banda criminal, identificó a los nativos y se ordenó la detención preventiva de 17 sospechados de participar en las severas agresiones que ocasionó cuantiosos perjuicios a la familia Torrás Romero.

Se efectivizó la detención de Eduvigis Benítez Vargas, Jorge Ramón Jara Franco, Héctor Jonás Gauto, Armando Moisés Gauto, Juliano Goncalvez, Diego Goncalvez Díaz, Milicades Benítez Benítez y Lidio Rojas Soria. La lista continúa con Waldemar Díaz Martínez, Lorenzo Díaz Martínez; Cristóbal Gauto Tapariz, Juan Ignacio Gauto Tapariz, Milciades Rojas Medina; Lorena Goncalvez Díaz, Juan Ignacio Tapari, Edison Esquivel Benítez y Rubén Julio Paniagua Vera, todos igualmente procesados y ya puestos ayer a disposición del juez penal de garantías que acompañó los procedimientos.

CIRCUITO CERRADO

Una buena parte de la acción agresiva y despiadada de la banda criminal quedó en las filmaciones de circuito cerrado de la vivienda, propiedad de los Torrás Romero, cuya copia ya obra en poder del fiscal de la causa. El material será verificado por técnicos del laboratorio forense del Ministerio Público en el curso de la etapa preparatoria.

Con las evidencias colectadas en la incipiente etapa investigativa, Acosta los presentó ante el juez de garantías, a efectos de designar un consultor técnico para acompañar las diligencias del proceso. Pidió cuatro meses de plazo para presentar requerimiento conclusivo y la prisión preventiva de los 18 detenidos por su presunta implicancia en los graves hechos cometidos, que puso en riesgo la integridad de las víctimas.