El Ministerio Público investiga el desembolso irregular y el desvío de una millonaria suma destinada a dos familias de escasos recursos del Departamento de Caaguazú, en concepto de una compensación por la pérdida de sus seres queridos en un accidente laboral.
Las diligencias están encabezadas por la fiscala Norma Salinas y se apuntan a unas ocho personas detrás de los presuntos hechos punibles de apropiación, lesión de confianza y estafa. Este martes la representante del Ministerio Público imputó a la funcionaria de la Cámara de Diputados, Anadelia Acosta Armoa, y al abogado Darío Aquiles Flores por supuesta apropiación, lesión de confianza y estafa.
Aquí te dejamos el paso a paso de cómo se inició esta historia que afecta a dos familias.
Antonio Acosta Contrera, de 53 años, y Marino Ramírez Casco, de 43 años, se desempeñaban como obreros cuando el pasado 2 de agosto perdieron la vida mientras realizaban trabajos de alambrado en un inmueble rural del barrio Santa Librada, ex Jaguakai, distrito de Caaguazú.
Ambos murieron de forma instantánea al recibir una fuerte descarga eléctrica de un cable de baja tensión de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) que se soltó y les cayó encima.
El pasado 14 de agosto, las familias de las víctimas solicitaron a la ANDE un resarcimiento económico por la pérdida de sus seres queridos, al considerar que la empresa estatal tuvo su grado de responsabilidad en el accidente.
Bajo el patrocinio del abogado Darío Aquiles Flores, Calixto Acosta Contrera, hermano de Antonio Acosta Contrera; y Juana Honorina Casco de Ramírez, quien fuera madre de Mariano Ramírez, pidieron G. 400 millones para cada parte afectada en concepto de indemnización a través de los expedientes
Una vez que la ANDE corroboró su responsabilidad, tras el análisis de los informes técnicos, la estatal emitió los cheques N° F00619874 y N° F00619886, con la inscripción no transferibles, por G. 400 millones.
Con una carta poder para asuntos judiciales y administrativo, el abogado Flores Mendoza y Anadelia Acosta Armoa, funcionaria del Congreso Nacional, retiraron los cheques en representación de los beneficiarios, pero no estaban facultados a cobrar el dinero.
Sin embargo, a las familias solo les llegó G. 75.000.000 en forma conjunta. Mientras que el esquema desvió G. 725 millones de G. 800 millones.
Según detalló la fiscala Norma Salinas, Anadelia Acosta Armoa, vecina de Juana Honorina Casco de Ramírez, se acercó a ella y se ofreció a gestionar todos los trámites para cobrar la indemnización.
Doña Juana no sabe escribir ni leer y tiene dificultades para movilizarse; por lo que, para la Fiscalía hubo una apropiación.
Al conocerse el escandaloso desvío, se supo que Acosta Armoa es funcionara nombrada en la Cámara de Diputados en el periodo de Pedro Alliana y que estaba cumpliendo funciones en la Municipalidad de R.I. 3 Corrales en calidad de comisionada.
Frente a las graves denuncias, el actual presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, cesó su comisionamiento, la puso a disposición de Recursos Humanos y ordenó la apertura de un sumario administrativo.
Este martes debía presentarse a su lugar de trabajo, pero se ausentó.
Los documentos por los cuales el abogado Flores Mendoza y Anadelia Acosta Armoa retiraron y efectivizaron los cheques no estaban inscriptos en el Registro Público; por ende; no tenían validez jurídica.
Por ello, para la fiscala, hubo mucha negligencia en la entrega de los cheques que contenían un monto muy importante de dinero.
A este caso se sumó otro elemento más: los poderes se habrían falsificado.
Esto se desprende de las declaraciones que el escribano Mario León Caballero brindó en comunicación con Monumental 1080 AM, donde afirmó que no tuvo participación en el hecho.
“No autoricé ningún poder”, afirmó tajantemente y apuntó a una posible falsificación.
Como parte de las diligencias en torno al caso, Salinas se presentó este marte en la sede del Banco Nacional del Fomento (BNF) en Repatriación, donde se procedió al desembolso.
No se descarta la participación del director y un cajero de banca pública en el esquema cuyos principales líderes sería el abogado Flores Mendoza y la funcionaria pública, Anadelia Acosta Armoa.
Asimismo, con las imágenes de circuito cerrado y el reverso de los cheque se buscará determinar al autor de los cobros irregulares.
Por su parte, un equipo de auditores del BNF también intervinieron la sede bancaria con el objetivo de esclarecer el cobro irregular de las indemnizaciones.
Imputados por apropiación, lesión de confianza y estafa
La fiscala Norma Salinas, con los elementos recabados, decidión imputar por supuesta apropiación, lesión de confianza y estafa a la funcionaria Acosta Armoa, y al abogado Flores por supuesta apropiación, lesión de confianza y estafa durante la tarde de este martes.
Asimismo, solicitó una fianza real por valor de G. 800 millones, la prohibición de acercarse a las víctimas y prohibición de salir del país.
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