Se trata de un conflicto de larga data entre aborígenes y colonos por la ocupación de tierras, individualizadas como fincas números 516, 502, 866 y 1.330. El hecho de desahucio fue encabezado por el fiscal Juan Daniel Benítez con el acompañamiento de agentes de la Policía Nacional.

“Es importante mencionar que en este tipo de procedimientos deben estar presentes representantes del INDI, además del Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna), y la Codeni, que conjuntamente deben realizar un abordaje previo a cualquier acción judicial de manera a garantizar la integridad física de los mismos y todos sus derechos establecidos en la ley”, reza parte del comunicado del INDI.

La nota añade: “Por esta razón, el INDI como institución rectora y encargada de velar por los derechos de los pueblos indígenas, realizará todas las acciones legales para aclarar este hecho y ejecutar las acciones que así lo merezca”.

Igualmente, el Instituto Paraguayo del Indígena señala que cualquier desalojo de aborígenes debe ser comunicado al ente para los procedimientos de rigor, por lo que “ante esta situación procederá a solicitar un informe al Ministerio Público y a la Policía Nacional”, pues no hubo comunicación por parte de la Fiscalía.