La investigación va arrojando importantes datos que son procesados con seguimientos, ya que la banda tendría un número importante de componentes, sin descartar la participación de policías, escribanos y abogados independientes que facilitan la comercialización de vehículos sustraídos. Uno de los denunciantes dijo que compró uno de los automóviles ofertados por la banda y luego de 15 días, el rodado le fue robado por elementos del grupo criminal.

En cuanto a las documentaciones de los rodados, es indubitable la participación de uno o más escribanos que producen los documentos apócrifos, pero similares a los originales. Asimismo, se busca el depósito donde los miembros de la banda ocultan el producto de sus robos, donde se presume contarían con las hojas de certificación de firmas, sellos de escribanía, contratos “mau” y hasta el laboratorio de producción de documentos no auténticos que necesariamente debe contar con nexo en el Registro Único del Automotor.

Las pistas son puntuales y la investigación ya determinó los movimientos de las negociaciones de la gavilla que se mueve entre Ciudad del Este, Minga Guazú, Coronel Oviedo, Villarrica y el departamento Central. El grupo criminal tiende a ser desmantelado, atendiendo los avances investigativos, cuyos detalles no entregaron en la unidad fiscal y existe la posibilidad de que las causas queden a cargo de una sola fiscal, ya que tanto Cubilla como Estela Mary Ramírez están tras las pistas de los marginales y manejan causas separadas que serían unificadas, eventualmente.

Las redes sociales utilizadas por el grupo que ya embaucó a muchos y produjo buen rendimiento económico serán fundamentales para los investigadores, ya que las transacciones, en la generalidad de los casos, se producen vía Facebook, luego pasa al WhatSapp para, finalmente, decidir el encuentro para la entrega del vehículo y el dinero en efectivo.

Todos los movimientos están siendo seguidos muy de cerca y se especula que hasta podrían infiltrarse para la compra de un rodado, ya bajo las reglas del anticipo jurisdiccional de pruebas, que implica una orden judicial.