La acusación contra la jueza Cinthia Urunaga fue admitida por el JEM el 8 de agosto de este año y está caratulada como “Causa nº 85/22: Mirian Gómez c/ Abg. Cinthia María Garcete Urunaga, jueza penal de garantías n° 05 de Ciudad del Este, Circunscripción Judicial de Alto Paraná s/ denuncia por mal desempeño de sus funciones”.

La acción fue promovida por Mirian Gómez, madre de la joven Antonia Noemí Sosa Gómez (17), asesinada de dos balazos el 20 de agosto del 2021 por su pareja Anderson González Ocampos, quien, desde abril del 2022, goza de arresto domiciliario, una medida descabellada y nunca antes vista en nuestro sistema judicial para casos graves como este.

La madre de la víctima había presentado la denuncia ante el JEM bajo patrocinio de su abogado Leonardo Samaniego el 22 de julio de este año. Rápidamente, el Jurado había notificado y emplazado a la mujer para que demuestre su “solvencia económica” en un plazo perentorio de cinco días, de lo contrario se daría por desistida su denuncia.

El abogado de Mirian Gómez presentó al JEM el certificado de trabajo de la mujer, que se desempeña como cocinera en la cantina de una escuela de Minga Guazú y por dicha labor recibe mensualmente salario mínimo mensual, es decir, un poco más de G. 2 millones, declarándose insolvente.

Sin embargo, el 8 de agosto, el pleno del JEM decidió admitir la acusación atendiendo la gravedad del caso y de inmediato solicitó a la jueza Cinthia Garcete remitir compulsas digitalizadas legibles del expediente judicial y del cuaderno de investigación fiscal nº 10811/21 caratulados: “M.P. c/ Anderson González Ocampos s/ Feminicidio”, y en el caso de que dichos documentos no estén a su cargo, que informe en el plazo de 5 (cinco) días. La cuestionada magistrada hizo caso omiso al pedido y ni siquiera respondió el oficio.

REITERACIÓN

El miércoles 24 de agosto, volvieron a enviar un oficio a la juez por el cual se reiteró el pedido de remisión de todas las compulsas digitalizadas legibles del expediente judicial y del cuaderno de investigación fiscal caratulados: “M.P. C/ Anderson González Ocampos s/ Feminicidio”, que debe presentarse en un plazo de 5 (cinco) días. Sin embargo todo esto sería un circo para blanquear a la magistrada, quien goza de la protección del propio presidente del JEM, Jorge Bogarín y Fernando Silva Facetti, quienes ya le habrían asegurado su continuidad. Es más, la misma sigue ejerciendo la magistratura pese a que su mandato ya feneció.

EL CASO

El crimen se produjo este 20 de agosto de 2021, a las 22:00 aproximadamente, en el interior de una vivienda, ubicada en el km 13 Monday, fracción Yhaguy, de Minga Guazú. En la oportunidad, supuestamente la pareja inició una discusión hasta que Anderson González Ocampos le disparó dos balazos a la menor Antonia Noemí Sosa Gómez, de 17 años.

Uno de los proyectiles impactó en la mejilla izquierda de la víctima, con presencia de tatuaje, que hace presumir que el disparo se produjo a quemarropa. Mientras, que la otra herida sufrió en la región anterior del tórax, sin presencia de quemadura. Los dos disparos se realizaron de arriba hacia abajo, según refiere el acta de imputación.

Luego de balear a la joven, el presunto criminal decidió trasladarla hasta el hospital de traumas de Ciudad del Este, donde se constató su deceso. Luego, agentes policiales de la subcomisaría 14ª de la fracción Norma Luisa detuvieron a González Ocampos, quien quedó a cargo del Ministerio Público.

El fiscal Alberto Torres Flores requirió la prisión preventiva del joven Anderson González Ocampos, de 19 años, a quien imputó por el supuesto hecho punible de feminicidio.

En el transcurso de la investigación, el fiscal fue recusado y la causa pasó a manos de su colega Alcides Giménez. En Abril del 2022, los abogados defensores del presunto feminicida solicitaron revisión de medidas y el arresto domiciliario, diligencia que fue otorgada sin muchos trámites por la juez Garcete Urunaga, con la complicidad del fiscal Giménez, quien también debe ser investigado.

CAMARISTAS

Integrantes de la Cámara de Apelaciones que “estudiaron” la actuación de la juez penal, increíblemente, también avalaron la resolución de Garcete y ahora también están en la mira del JEM.