La causa se originó a partir de actuaciones judiciales vinculadas al caso del procesado Walter José Galindo Domínguez, procesado por tenencia sin autorización y comercialización de sustancias estupefacientes, entre otros hechos. La juez Bracho fue sindicada por supuestas irregularidades al haber otorgado medidas alternativas a la prisión y posteriormente haber dictado el sobreseimiento definitivo del acusado. También se la cuestionó por una supuesta falta de motivación en sus resoluciones.

Sin embargo, el Diputado Aguilera argumentó que el primer hecho atribuido a la magistrada, fechado en mayo del año 2021, ya se encuentra prescrito, de acuerdo con el plazo de dos años establecido por la legislación vigente. Sobre el segundo hecho, aclaró que la resolución judicial fue anulada y corregida por las instancias superiores, por lo que el caso siguió el cauce procesal ordinario y fue debidamente subsanado.

En cuanto al tercer hecho atribuido, que aludía a un supuesto soborno recibido por la magistrada a cambio de decisiones favorables al acusado, Aguilera recordó que ese tipo de denuncias deben ser investigadas penalmente por el Ministerio Público y no directamente por el JEM, salvo que exista una acusación formal.

Respecto a la exfiscal Egidia Gómez, quien también fue señalada en la causa por presuntamente haber participado en maniobras para favorecer al mismo procesado, Aguilera informó que la profesional ya renunció a su cargo y que la Corte Suprema aceptó dicha renuncia en agosto del año 2023. Por tanto, al no reunir ya la condición de funcionaria judicial, el JEM pierde competencia para juzgarla, conforme al artículo 27 de su ley reguladora.

“Corresponde el archivo de esta causa tanto en lo relativo a la juez Isabel Bracho como a la exfiscal Egidia Gómez, por no configurarse elementos que sustenten una causal de enjuiciamiento conforme a derecho”, concluyó el diputado, fundamentando su voto ante el pleno del JEM.