El ministro Manuel Ramírez Candia puso a conocimiento del pleno la publicación periodística sobre el tema.

Se trata de la resolución del juez Walter Armando Ramírez Añazco, quien habría otorgado prisión domiciliaria a uno de los supuestos asaltantes más peligrosos del país. La causa señala que el beneficiado con la medida es un individuo considerado de alta peligrosidad, lo cual encendió alarmas tanto en el ámbito judicial como dentro del Jurado. Según informó Ramírez Candia, el fiscal de la causa, Juan Ramón Sandoval González, ya anunció que apelará la decisión del magistrado.

Ante la gravedad de los hechos relatados, el ministro solicitó iniciar los cómputos correspondientes establecidos en el art. 18 de la Ley 6814/2021, que regula el uso de la facultad oficiosa del JEM para abrir una investigación preliminar o incluso disponer un enjuiciamiento directo del magistrado implicado. La secretaría del órgano confirmó que el plazo legal culmina el 24 de julio del 2025, fecha límite para que se adopten medidas procesales en relación con el caso.

Ramírez Candia informó además que ya ha remitido una nota oficial a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de que se active una investigación interna y, de ser necesario, se proceda a la suspensión preventiva del juez Ramírez Añazco mientras dure la indagación del Jurado.

“Esta comunicación tiene el objetivo de adelantar gestiones para evitar dilaciones innecesarias y permitir que el Jurado actúe de forma eficaz y oportuna”, afirmó el ministro. El caso será evaluado dentro del marco legal establecido para determinar si existen indicios de mal desempeño que justifiquen el enjuiciamiento del magistrado.