Recordemos que la juez Cinthia Garcete Urunaga fue denunciada ante el JEM por haber liberado al supuesto feminicida, Anderson González Ocampos, quien habría asesinado a balazos a su novia adolescente, el 20 de agosto de 2021, en la zona de Minga Guazú. La acción contra la titular del juzgado de garantías n° 5 fue promovida por Mirian Gómez, madre de la víctima. La denunciante pidió el procesamiento y la remoción de la magistrada por mal desempeño en sus funciones, en el caso del brutal asesinato, calificado como feminicidio.
Sin embargo, el órgano juzgado de magistrados ahora notificó al abogado Leonardo Samaniego que, en cumplimiento de la mencionada ley, tiene cinco días hábiles para acreditar la solvencia económica de la señora Mirian Gómez, bajo apercibimiento de tener por desistida la acción, en caso de no presentar el informe requerido. Como es sabido, la madre de la víctima es una mujer de condición humilde, por lo que esta maniobra evidentemente no tiene otro propósito que forzar el desistimiento de la denuncia contra la magistrada, quien gozaría de la protección de algunos altos miembros del JEM, específicamente del abogado Jorge Bogarín y el senador Fernando Silva Facetti.
BRINDAR IMPUNIDAD
Abogados consultados sobre el caso comentaron que el artículo 17 de la Ley 3759/2009 establece claramente que, al ser una persona de escasos recursos que no pueda demostrar su solvencia económica, el JEM puede dispensarla de dicho requisito, sin embargo, evidentemente no existe ninguna voluntad de parte del órgano juzgador en tal sentido y lo que se busca es meramente brindar impunidad a la magistrada. No sería la primera vez que el JEM actúa de esta manera, bloqueando la posibilidad a personas humildes de presentar denuncias contra jueces y fiscales corruptos. Así las cosas, una vez más la justicia se pone del lado de los poderosos e influyentes, permitiendo que una humilde trabajadora, quien pide justicia para su hija asesinada, quede imposibilitada de denunciar a la magistrada que liberó al supuesto feminicida.
De hecho, ya son varios los cuestionamientos hacia esta nueva ley, que comprende una serie de formalidades y establece presentar caución a los denunciantes, lo cual dificulta sumamente la presentación de denuncias contra jueces y fiscales venales, quienes son blindados por la nueva normativa.
MANDATO FENECIDO
Recordemos que la polémica juez Cinthia Garcete Urunaga está con el mandato fenecido, empero, cuenta con la protección de Jorge Bogarín y Fernando Silva Facetti, quienes ya le habrían asegurado su continuidad. La magistrada también fue muy cuestionada por su meteórico ascenso económico, a la vez de emitir sentencias muy cuestionadas, beneficiando a políticos acusados de corrupción, polibandis y narcotraficantes, sin embargo, siempre pudo contar con la “mano amiga” del JEM para garantizarle impunidad y seguir cometiendo barbaridades en el importante cargo que ostenta.
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