Esta semana el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) empezó a avanzar en la causa donde se encuentran acusados los miembros del Tribunal de Apelaciones, Antonia López, Miguel Ángel Rodas y Stella Marys Zarate, quienes en segunda instancia ratificaron el polémico fallo que le costó el cargo a la abogada Tania Irún, exjueza de primera Instancia en lo Civil y Comercial de Asunción.

La sentencia de Irún fue la de ceder 310 mil hectáreas de tierras protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza en beneficio de cuatro empresas offshore, que tienen asiento en paraísos fiscales como la República de Chipre e Islas Vírgenes Británicas. El JEM destituyó a la exjueza por mal desempeño de funciones, ya que habría actuado en contravención a la Ley.

La misma suerte podrían correr los camaristas que avalaron la decisión de primera instancia. Incluso, se habla que en el fallo de segunda instancia supuestamente "amplió" la descripción de Catastro para entregar tierras.

DETALLES

En la causa donde se investiga las irregularidades de la entrega de 310 mil hectáreas de tierras de la Zona de Seguridad Fronteriza (ZSF) a empresas offshore de paraísos fiscales (Islas Vírgenes Británicas y Chipre), saltaron detalles de la resolución del Tribunal de Apelaciones que confirmó la sentencia de primera instancia que le valió la destitución e imputación por prevaricato a la exjueza Tania Irún.  

Los señalados camaristas Antonia López, Miguel Ángel Rodas y Stella Maris Zarate, quienes ya están acusados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por prevaricato, supuestamente habrían “ampliado” a su entender un informe oficial del Servicio Nacional de Catastro para justificar la entrega.  

Esto, además de validar la sentencia habría sido dictada por la jueza Tania Irún, quien no habría corroborado los datos precisos de las identidades; nacionalidades de los representantes legales así como tampoco se habría tenido en cuenta la calidad de las acciones o títulos (si los mismos eran nominativos o al portador) de las firmas CUSABO LIMITED, KYVELORIA LIMITED, ELITE KINGDOM INVESTMENTS LIMITED y FIRSTAR INVESTMENTS LIMITED, en incumplimiento a lo establecido en la Ley Especial N° 2532/05 de Seguridad Fronteriza de la República del Paraguay. 

Pero, el camarista Miguel Ángel Rodas, electo preopinante en la terna, utiliza detalles del informe oficial de Catastro para validar su resolución del 2021 para salvaguardar a Tania Irún, aunque presuntamente no con los mismos detalles.

Rodas señala en su resolución (ver infografía) que las 24 fincas de las 36 en disputa, ubicadas en los distritos de Puerto Casado, Puerto Pinasco y Fuerte Olimpo, “no se encuentran dentro de los cincuenta kilómetros de la zona de seguridad fronteriza”. Agrega que las mismas no poseen impedimento para la traslación de dominio.  

Sin embargo, el informe del Servicio Nacional de Catastro no confirma que 26 de dichas fincas (ya hay una variación en la cantidad de fincas) no se encuentren dentro de la zona de seguridad fronteriza y protegidas por la Ley, y menciona que no tiene planos.  

También Catastro hace una observación muy clara en el informe que remitió a las autoridades judiciales e indica que “los padrones que no cuentan con planos dentro del parcelario del SNC, no se pueden identificar si se encuentran a menos de los 50 km de frontera”.  

Fuentes señalan que supuestamente Catastro no asegura que las fincas no estén en la zona de seguridad fronteriza, como sí lo confirma el magistrado Miguel Ángel Rodas en su resolución.

TRASLADA RESPONSABILIDAD 

Por otra parte, la resolución de la Cámara de Apelaciones señala claramente que se identificaron fincas ubicadas dentro de la zona de seguridad fronteriza. Agrega que la parte demandada plantea que las normas establecen que no se puede inscribir estas tierras a nombre de las firmas offshore, ya que se desconoce si están compuestas en su mayoría por extranjeros de países limítrofes.  

Pero, para Rodas es la parte demandada la que debe de probar y comprobar las identidades de los accionistas de las empresas offshore constituidas en Islas Vírgenes Británicas y la República de Chipre, y que no corresponde al sistema judicial, encargado de velar por el buen cumplimiento de las normas y garantizar la soberanía nacional, probar quienes están detrás de las empresas de maletín que reclaman las tierras como suyas.  

De hecho, desde el 2018 hasta la fecha aún no se han recibido todos los documentos para identificar a los empresarios que están detrás de las empresas CUSABO LIMITED, KYVELORIA LIMITED, ELITE KINGDOM INVESTMENTS LIMITED y FIRSTAR INVESTMENTS LIMITED, que incluso, son firmas que supuestamente no están constituidas en el Paraguay. 

De hecho, este mes, la agente fiscal Anticorrupción, Natalia Fuster, que investiga a Tania Irún, solicitó de manera urgente al agente fiscal Manuel Doldán, dar trámite a la solicitud de informes a las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas sobre las empresas de maletín que fueron beneficiadas con 310 mil hectáreas de tierras del Chaco. A la fecha no se tienen datos, pero, la jueza Irún en el 2018 ya concedió tierras a estas empresas que ni siquiera están constituidas en nuestro país. 

En su escrito al fiscal Manuel Doldán, la fiscala Natalia Fuster solicita sobre las empresas Firstar Investments Limited y Elite Kingdom Investments Limited informes de la escritura pública de constitución y distribución de acciones, identificando si las acciones son nominativas o al portador; las actas de asamblea por la cual se designan a los representantes legales de las empresas y datos personales de los mismos; registros de las acciones y de los miembros con el detalle de los datos personales; y por último documentos sobre el rubro de las empresas, ubicación geográfica, direcciones, números de teléfonos, y así como también detalles si cuenta o no con sucursales en Paraguay o países limítrofes de la República del Paraguay. 

CUESTIONADOS 

El cyberactivista Alfredo Guachiré denunció en un hilo en Twitter algunos llamativos antecedentes de los camaristas Miguel Ángel Rodas, Antonia López y Stella Maris Zarate.  

“El magistrado Miguel Ángel Rodas tiene tres denuncias ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por mal desempeño en sus funciones en dos casos de desalojo y en varias otras causas cuando se desempeñaba como juez en lo civil y comercial”, señala el activista.  

Agrega que en el caso de la magistrada Antonia López de Gómez tiene 4 denuncias ante el Jurado de Enjuiciamiento. Según un expediente judicial, Antonia López fue denunciada por mal desempeño en un caso de juicio ejecutivo, en otro caso fue denunciada por la cámara de senadores, entre otras. 

Además, de Stella Maris Zárate revela que también tiene denuncias por mal desempeño en sus funciones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en un caso de indemnización como miembro de la primera sala del tribunal de apelación. 

“Este hecho no solamente es reprochable por su ilegalidad y por el mal desempeño en sus funciones de los magistrados, incluso supone un riesgo a nuestra propia soberanía. De inmediato los magistrados deben ser procesados”, remarca el investigador.  

APLAZADA 

El Consejo de la Magistratura dio a conocer los resultados de los exámenes de conocimiento en el marco del proceso de conformación de ternas para ocupar cargos vacantes en el Poder Judicial. Lo llamativo es que la magistrada y miembro del Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Asunción, Stella Maris Arminda Zarate González, apenas logró hacer 56 puntos de 100 en el examen de conocimientos. 

Según el Reglamento que establece los criterios de selección, evaluación de méritos y aptitudes para la elección de postulantes y para la conformación de ternas por el Consejo de la Magistratura, los titulares de los cargos que vuelvan a concursar para el mismo cargo, por fenecimiento del plazo de su mandato constitucional respectivo, deberán de rendir un examen con puntaje total de 100 puntos y una evaluación de gestión de 200 puntos. 

La jueza Zarate apenas logró los 56 puntos en el examen de conocimientos. Un dato no menor es que el reglamento establece que el titular deberá alcanzar el 70% del puntaje total del examen y de la evaluación.

Según publicaciones periodísticas, Stella Maris Arminda Zarate González es una de las camaristas que ayudó a blanquear al senador colorado Javier Zacarías Irún en el 2019 en una causa por enriquecimiento ilícito. 

El Ministerio Público había solicitado una reapertura de la causa contra el capo esteño, cuando el juez Penal de Garantías, Marino Méndez, supuesto allegado al Clan Zacarías, rechazó el pedido. La Fiscalía apeló, pero el Tribunal de Apelaciones, Stella Maris Zarate, y sus colegas Isidro González y Mirian Meza, rechazaron el pedido. 

Otro de los hechos cuestionados de la jueza aplazada es que en el 2021 dio un duro golpe contra la política de transparencia, ya que siendo camarista del Tribunal de Apelaciones rechazó el pedido para que la Itaipú Binacional informe detalladamente sobre las sesiones del Consejo de Administración desde el 15 de agosto del 2018. 

El juez en lo Civil José Guillermo Trovato había emplazado a la binacional, pero Itaipú apeló, y la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, integrada por las camaristas Valentina Núñez, Antonia López de Gómez y Stella Maris Zárate, rechazó la medida.