El magistrado aclaró que tanto las medidas preventivas como el traslado del peligroso objetivo de la SENAD al Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero, fueron debidamente notificados el 27 de mayo del corriente año, a las 11:58 horas, al Ministerio Público y a las demás instituciones competentes, mediante el expediente electrónico.

“Todas las autoridades que hoy están intentando deslindar responsabilidad fueron notificadas en ese momento y estamos a cinco meses casi de esa situación”, puntualizó. Además ratificó que en todo ese lapso no hubo un solo comunicado advirtiendo sobre la peligrosidad de Aguayo.

Los cuestionamientos del juez Valinotti también alcanzaron a la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, por apuntar todo el escándalo del hallazgo de una “celda VIP” en la cárcel pedrojuanina a la decisión jurisdiccional de un magistrado. Recordó que como titular de la cartera de Justicia, Pérez tiene amplias facultades para ordenar traslados de internos considerados peligrosos, según lo que establece la Ley Penitenciaria.