El diario El economista, de Buenos Aires, informó que CFK estaba imputada por ser la presunta autora ideológica del lavado de dinero efectuado por Lázaro Báez, el empresario santacruceño, amigo del matrimonio Kirchner desde los noventa, que fue condenado a diez años de prisión por lavado de activos.

El fiscal federal, Guillermo Marijuan, había afirmado que era innegable el vínculo entre la vicepresidenta y Báez. Sin embargo, a la hora de presentar la acusación expresó que no se pudo comprobar la participación de la exmandataria en las maniobras de lavado de dinero por las que fue condenado el dueño de la constructora Austral.

Al final, luego de un largo juicio, todo quedó en la nada, porque al citado fiscal le siguieron los dos organismos estatales que intervenían como querellantes en el expediente: la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Unidad de Información Financiera (UIF), las cuales también solicitaron el sobreseimiento.

«Frente a la solicitud del acusador y titular de la acción penal de sobreseer -acompañada por el resto de las agencias estatales-, la tarea del juez se encuentra acotada a examinar los requisitos de razonabilidad y legalidad de la petición, que en el presente caso se hayan satisfechos toda vez que la fiscalía ha arribado a una de las soluciones previstas en el ordenamiento legal a través de un razonamiento lógico derivado del examen de las constancias que obran en el expediente», señaló Casanello en su resolución, según publica el citado periódico.