Señala que debían recurrir al juez en lo Civil y Comercial, José Villalba, que era el que había homologado el acuerdo entre González Daher y la SET, por la deuda, multa e intereses por los impuestos impagos entre 2013 y 2018.

Es que en cinco ocasiones, los abogados Jorge Bogarín y Bettina Legal, habían requerido al juez el levantamiento del embargo, y la transferencia directa a la SET, para el pago de la deuda por los impuestos, a más del pago de honorarios profesionales a sus abogados.

Según la defensa, a setiembre del año pasado, la deuda con el fisco era de G. 42.316.840.715, por IVA e Iracis, pero solicitaban un oficio a la SET, para tener el monto exacto a la fecha, de modo a cancelar la deuda.

Con respecto a los honorarios con los abogados, la suma requerida era de 44 mil dólares, por lo que se pidió que esa suma sea destinada al pago de los profesionales del Derecho que lo asisten.

RESOLUCIÓN. El juez Otazú, en su resolución de ayer, señaló que con respecto a los honorarios profesionales de los abogados, recordó a los mismos la normativa prevista en la Ley 1376/88, que regula la materia.

Además, con relación a la autorización de pagos de tributos de la SET, refiere que el peticionante debe hacer su solicitud ante el Juzgado en lo Civil y Comercial a cargo del juez José Villalba.

Con ello, directamente entiende que el magistrado competente para estos trámites es el juez Civil y no el de Delitos Económicos.

Otazú había señalado que el dinero que está embargado en el juicio a su cargo, es una evidencia del presunto lavado de activos.

Recordó que el juez Civil era el que había homologado el acuerdo, y ante el incumplimiento, debía ser él, quien ejecutara la citada resolución, ya que no había un título ejecutivo sobre la deuda en cuestión.