El juez de Apelación Penal, Primera Sala, Pedro Mayor Martínez, se posicionó a favor del direccionamiento de los gastos socioambientales de las binacionales para salud “para salvar vidas de paraguayos”, lo que molestó al diputado de Honor Colorado Basilio Núñez, quien le reclamó que un miembro del Poder Judicial opine sobre lo que hace el Legislativo, calificando el hecho de coacción.

“Qué bueno que todos nos animemos a opinar sobre la gestión de todos, bienvenido a una época de libertad y transparencia de la gestión pública”, le respondió con ironía el magistrado.

Rápidamente entró a la conversación la fiscala penal Teresa Sosa, quien hasta denunció que el Partido Colorado siempre presionó a la Justicia para perseguir a sus adversarios.

“Hasta el día de hoy, los que históricamente han presionado al Poder Judicial y al Ministerio Público han sido el Poder Legislativo y Ejecutivo y de su partido (ANR). ¡Y coaccionan para que se procese a cualquiera con tal de obtener su venganza! Pero los tiempos van cambiando, ya nos expresamos”, sentenció la fiscala como respuesta al parlamentario cartista.

Sosa también cuestionó que los colorados blinden los fondos de las binacionales.

“¡No van a permitir jamás que se usen esos fondos para la salud! Esa es una caja privada para uso exclusivo de ellos. Y sobre todo cuando se acercan elecciones”, aseveró la agente.

Los posicionamientos del juez y la fiscala molestaron tanto a Núñez que hasta los acusó de tener padrinos políticos y de no leer la ley en el caso de los estudiantes presos en el caso de la quema de la ANR, que obtuvieron prisión domiciliaria, en un proceso muy cuestionado, en el que diversos sectores manifiestan que se trata de una persecución política y de criminalización de manifestaciones ciudadanas.

La fiscala dijo que el motivo de las molestias es justamente porque la ley fue aplicada correctamente, en referencia al otorgamiento de la prisión domiciliaria a dos de los detenidos en comisarías.

Rechazo. La Cámara de Diputados, por mayoría colorada, rechazó el proyecto presentado por la oposición, que buscaba destinar fondos de las binacionales para financiar al sistema de salud y permitir la compra a gran escala de insumos y medicamentos, evitando el desabastecimiento de los pacientes y familiares aquejados por el Covid-19.

El proyecto estipulaba concretamente que a través de hacienda y el Ministerio de Salud, el Estado disponga de los recursos denominados “socioambientales” de Itaipú y Yacyretá, valorados en unos USD 150 millones, para esta pandemia. Con el dinero, se procuraba que haya dinero para la compra para medicamentos, equipos de bioseguridad, oxígeno y equipos.

¡No van a permitir que se usen esos fondos para salud! Es una caja privada de uso exclusivo de ellos.
Teresa Sosa, fiscala penal.