Para los investigadores, Peña Pérez quedó como jefe de una banda internacional que trafica drogas, descabezada con la detención y procesamiento del conocido Carlos Alfredo Santander, quien sigue recluido y con juicio oral marcado para el próximo 4 de octubre, según la convocatoria del tribunal de sentencia integrado por Evangelina Villalba, Oscar Genes y Lourdes Morínigo. La magistrada Garcete, pese a que la Fiscalía pidió la prisión preventiva en su escrito de imputación, la emplazó a requerir medidas cautelares, mientras al procesado le dio dos horas para presentarse ante la representación pública y, para peor de males, ni siquiera suspendió los plazos procesales.
La jueza Garcete había tenido un sinnúmero de denuncias por malos desempeños en sus funciones ante el JEM, pero siempre encontró el respaldo político para salir airosa de sus situaciones. Su presidente, el senador liberal Fernando Silva Facetti, es el primero en asentir sus actuaciones a lo que mediante presuntos pactos políticos para la impunidad habría sumado el apoyo incondicional del representante de los abogados en el órgano extra poder, Jorge Bogarín. En estas condiciones, la magistrada actúa, sin la mínima contemplación de la Ley, beneficia a peligrosos criminales, como es el caso del capo narco Elías Daniel Peña Pérez, quien sigue gozando de libertad, con la mirada complaciente, sostenida por políticos obnubilados por el dinero.
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