El juicio fue contra José Odvar López y otros, sobre reivindicación, que se cumplió en día inhábil y en una propiedad privada perteneciente a la Rosalina Romero de Torrás, con título de propiedad de 26 hectáreas acreditada por el entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR).

El procedimiento se inició desde la media mañana, cuando empezó la movilización policial a pedido de cinco propietarios reales de los predios y se extendió hasta la noche del sábado, cuando los invasores procedieron a ordenar al director de Policía, comisario general inspector Silvino Antonio Leguizamón, que habilite el camino vecinal para ingresar a las propiedades privadas y así se hizo. Los enardecidos invasores estaban protegidos por miembros de ONG Plataforma Social, DDHH, Memoria y Democracia, quienes encabezaron los atropellos a octogenarios propietarios de las tierras invadidas.

VANO INTENTO POR EVITAR LA INVASIÓN

Los demás propietarios, Cayo Raúl Alfonzo, Alberto Notto, Víctor Maldonado y Juan Alfonzo, en conversación con el director de Policía, consiguieron asegurar que sus fincas no serán reinvadidas y que los indígenas serían derivados a la que ordenaba la magistrada. Sin embargo, al momento de la llegada de los mismos, cambió de postura y atendiendo presuntas órdenes superiores les dejó la orientación del procedimiento para ingresar a las propiedades privadas. Se produjo todo tipo de atropellos, en los que se llegó a los golpes de quienes defendían sus derechos y los invasores. La orden judicial fue avasallada al punto que los propietarios reales de los predios responsabilizaron al ministro del Interior, al comandante de la Policía Nacional y a la jueza que ordenó la reivindicación de manera errónea, sin siquiera constituirse a identificar las tierras, lo que ocurra en adelante con la presencia de los invasores que ya construyen viviendas precarias en las propiedades privadas