La máxima instancia judicial del país negó la solicitud presentada por el Gobierno de Turquía al considerar que “parte de las imputaciones” contra Sagar tienen “una clara motivación política”.

También afirmó que “no está comprobado” que Hizmet, creado por el clérigo turco Fethullah Gülen, sea una organización “terrorista”, como sostienen las autoridades de ese país.

Sagar es acusado de pertenecer, junto con otras 83 personas, a ese movimiento, que en julio de 2016 “habría intentado un golpe armado contra el Gobierno de Turquía, que tenía como primer ministro al actual presidente Erdogan”, según indicó el Supremo en una nota.

En noviembre pasado, el juez del Supremo Alexandre de Moraes, encargado del caso, ordenó la prisión de Sagar con fines de extradición, pero tras un interrogatorio, le impuso apenas una serie de medidas cautelares.

El empresario, propietario de una firma de confección en San Pablo, reside en Brasil desde diciembre de 2016, en compañía de su esposa y su hija. Además, obtuvo el estatus de refugiado a principios de este año.

Según las autoridades turcas, Sagar sería el responsable de recaudar fondos que servirían supuestamente para financiar “actividades criminales” de Hizmet, entre ellas “el bombardeo de instituciones del Estado turco”.

Sin embargo, en la audiencia de este martes, el magistrado De Moraes subrayó el carácter “político” de parte de las acusaciones y afirmó que la corte no avala la extradición de un ciudadano “si existe riesgo de que sea juzgado por jueces de excepción”.

“Uno de los pilares del Estado de Derecho es la independencia del Poder Judicial, que debe ser autónomo y no sufrir presiones, coacciones y persecuciones”, manifestó.

En su voto, De Moraes señaló que “el Gobierno turco arrestó a 2.745 jueces y fiscales por supuestos crímenes contra el propio gobierno, sirviendo como coacción psicológica a los demás profesionales que permanecieron en sus cargos”.

“Clara y vergonzosamente, el Poder Judicial (de Turquía) viene sufriendo un ataque contra su autonomía e independencia. El juez imparcial es la seguridad del pueblo contra la arbitrariedad estatal, y, en este caso, no hay posibilidad de que así sea”, apuntó.

Además de negar el pedido de extradición, De Moraes también revocó las medidas cautelares adoptadas anteriormente contra Sagar.

(Con información de EFE)