Morales Lechuga se negó en 1992 a entregar a EE UU a tres altos cargos del Gobierno acusados de ser los “autores intelectuales” del asesinato en 1985 del agente encubierto de la DEA, Enrique Kiki Camarena. Además, protestó enérgicamente por el secuestro cometido por la DEA del doctor Humberto Álvarez Machaín, el supuesto médico del cártel de Guadalajara, a quien se llevaron de Jalisco con una bolsa negra en la cabeza para sentarlo ante un tribunal de Nueva York. El exprocurador recuerda en una entrevista que desde aquello la DEA quiso vengarse del Ejército y comenzó a trabajar con la Marina. “Las cosas han seguido muy tirantes porque la DEA acusaba al Ejército de haber estado cuidando El Búfalo, el rancho donde se estaban sembrando toneladas de mariguana”, que descubrió Camarena.

Por aquel entonces, Morales Lechuga, nacido en Veracruz hace 73 años, trataba estos asuntos con su contraparte, William Barr, quien ocupa el mismo cargo en la actualidad y a quien describe como un hombre con ganas de popularidad y “muy dado a armar expedientes con indicios, ni siquiera con pruebas y evidencias, sino con indicios”. Tres años después, un juez de Nueva York concluyó que el supuesto médico torturador era inocente.

En diciembre de 2018 durante el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán, un exnarcotraficante colombiano dijo que sobornó a Morales Lechuga para obtener protección policial en sus operaciones de tráfico de drogas. Morales Lechuga negó la acusación y anunció acciones legales contra el testigo.

Pregunta. ¿La DEA también se equivoca?

Respuesta. Sí y manipulan testigos. Y le pongo un ejemplo. En 1992 durante una cena en San Antonio (Texas) me reuní con el procurador americano, William Barr, con el jefe del FBI, William Sessions y con el director de la DEA, Robert Bonner. Dijeron que tenían pruebas contra tres altos secretarios de Estado de los gobiernos de [Miguel] De la Madrid (1984-1988) y de Carlos Salinas (1988-1994). Les dijimos que conocíamos a esos testigos y sabíamos que les estaban pagando 5.000 dólares a cada uno y que no pasaban el examen mínimo para ser testigos. Pero les dijimos que si tenían más pruebas nosotros actuaríamos contra esas personas si encontrábamos elementos sospechosos pero contestamos que no entregaríamos así nomás a quienes decían porque son mexicanos y porque sus pruebas eran solo pálidos indicios que no reunían los requisitos para un juicio.

P. ¿Sobre quiénes había sospechas?

R. Me solicitaron que México extraditara al exsecretario de Gobernación Manuel Bartlett, al secretario de la Defensa Juan Arévalo y al exsubprocurador Enrique Álvarez del Castillo, a quienes culparon de ser los autores intelectuales del asesinato de Camarena, pero no tenían pruebas.

P: ¿Cuándo conoció al fiscal William Barr?

R. Él era procurador general de Estados Unidos en 1992, cuando se presentó un caso muy controvertido sobre el doctor Álvarez Machaín (supuesto médico del cártel de Guadalajara) que fue acusado de coparticipar en el asesinato del agente Camarena. La DEA lo secuestró en México y lo trasladó a Estados Unidos y allí durante tres años estuvo detenido esperando el juicio. La Corte de EE UU resolvió tras una reclamación de México que Estados Unidos podría hacer esas extradiciones porque el tratado no impedía secuestrar a gente y llevarla fuera del país. Esa increíble resolución dio pie a que se revisara el tratado de extradición, para que la DEA no actuara en el país como una agencia de colaboración y no una policía local. Cuando el juez revisó los testigos que se presentaron contra Álvarez Machaín desestimó inmediatamente el caso porque los testigos no eran idóneos.

P. ¿Cómo recuerda a Barr?

R. Una persona ambiciosa y deseosa de destacar. Quería llevar a cabo acciones que le permitieran satisfacer la muerte de Camarena con la detención de tres personas del Gobierno. Se caracteriza por realizar investigaciones basadas en indicios y no en pruebas contundentes.

P. ¿Actuó en venganza?

R. Buscaba pruebas para satisfacer a la opinión pública estadounidense

P. ¿Cómo tendría que haber actuado la DEA en el caso de Cienfuegos?

R. La DEA tendría que haber avisado al Gobierno mexicano, notificado los datos que tenía durante la fase de colaboración y de buena fe y abstenerse de conversaciones telefónicas o de BlackBerry. La DEA actúa en México como si fuera una policía violando la soberanía y las competencias. Este sistema de ‘colaboración’ no se ve ni en Europa a pesar de que hay Unión Europea.

P. Pero así ha hecho siempre la DEA

R. Porque los últimos gobiernos se lo han permitido. Es una renuncia del Gobierno mexicano a ejercer y defender su soberanía.

P. Pero fue el general quien llegó a Los Ángeles...

R. Pero invaden competencias de las autoridades mexicanas, que son las únicas autorizadas para perseguir delitos e interceptan teléfonos y mensajes. El acuerdo de 1992 habla de “cooperación e información” pero no de “operación”. Cada operación debe ser informada.

P. ¿Podría hacer más el Gobierno de México por Cienfuegos?

R. Cabe una protesta de López Obrador por la violación del tratado de extradición y cooperación entre México y Estados Unidos y una llamada de atención porque la DEA está operando como policía. Esto es una costumbre del pasado pero nunca es tarde para reclamar que se opera fuera de la ley.

P. ¿Ha sido tibia la Administración?

R. Sí, ha cambiado tres veces de posición en este tema. López Obrador, que presume de ser el hombre más informado de México, se hace el desinformado como actitud política.

P. ¿Cómo será el juicio de Cienfuegos?

R. No sabemos que pruebas tiene la Fiscalía. La defensa buscará invalidar las pruebas y esto dependerá de la investigación que hagan. En un sistema oral la defensa se tendrá que convertir casi en investigador para revisar punto por punto.

P. Si fuera un exceso de la DEA y es inocente. ¿Cuánto tiempo estará encarcelado Cienfuegos?

R. El plazo previo para la radicación del juicio pude durar unos cuatro meses. La apertura del proceso un tiempo similar y el juicio que podría ser de un año. Calculo que unos dos años.