El pasado 9 de noviembre, la Conacom emitió una resolución mediante la cual decidió no hacer lugar a la acusación presentada por su Dirección de Investigación en la supuesta estafa en la compra de insumos sanitarios del Estado paraguayo a las firmas Insumos Médicos SA (Imedic) y Eurotec SA. Este documento recién salió a luz la semana pasada.

De esta manera, los hermanos Patricia Beatriz y Marcelo Rubén Ferreira Pascottini, fueron absueltos por la supuesta colusión, la cual es una práctica en la que dos o más competidores acuerdan un pacto ilícito en perjuicio de terceros.

El fallo del presidente de la Conacom, Rolando Díaz Delgado, y los miembros Eduardo González y Fabrizio Castiglioni, además de sorprendente, contiene numerosas falencias y presuntas mentiras que se exponen a continuación.

Tras el escándalo de los insumos médicos para el combate de la pandemia, la Conacom inició en el 2020 una investigación ante la sospecha de una posible colusión en el proceso licitatorio. Se presumía que ambas firmas acordaban entre ellas al presentarse a las mismas licitaciones.

El 5 de junio del 2020, la Dirección de Investigación de Conacom solicitó al directorio la apertura de una investigación contra las empresas del clan Ferreira por supuestas prácticas colusorias. Al obtener el visto bueno, dicha dependencia pudo determinar que ambas firmas tenían varios accionistas en común. Mientras que en febrero de este año, el directorio entendió que había elementos para incluir a los hermanos Ferreira en la investigación y autorizó la ampliación de la pesquisa.

Una vez culminados los trabajos, la Dirección de Investigación formuló acusación contra las dos empresas y los hermanos Ferreira, pero en un sorprendente e inesperado giro, el directorio emitió una resolución el 9 de noviembre pasado por la cual absolvió a todos los acusados.

El razonamiento utilizado para este blanqueo fue que las empresas se vieron forzadas u obligadas a repartirse licitaciones para no violar la Ley de Contrataciones Públicas, bajo el argumento de que el inciso G del artículo 40 de la Ley 2051/03 establece la prohibición para ofertar sobre una misma partida en un mismo proceso de contratación a oferentes que se encuentran vinculados entre sí por algún socio o asociado en común, sin embargo, esta situación no fue observada por la Dirección de Contrataciones Públicas.

El directorio alega en ese sentido que la normativa exige a las empresas a coordinar sus posturas para evitar coincidir en las mismas partidas de las licitaciones en la que ambas se presenten. “No cabe duda de que la única forma de no incurrir en la prohibición establecida, es mediante la coordinación entre las empresas que comparten socios o asociados, con independencia de las cuotas sociales de que sea titular el socio o asociado común y del poder que pudiera ejercer en la toma de decisiones estratégicas de las empresas de referencia”, reza en el documento.

Para sustentar su sospechoso fallo, el directorio refirió que su Dirección de Investigación supuestamente omitió mencionar que Eurotec e Imedic tenían accionistas en común, siendo que ese dato sí fue advertido tanto cuando se hizo el pedido de apertura de investigación como cuando se presentó la acusación final contra los sospechosos.

Así también el directorio desacreditó la tarea de su órgano investigador al alegar que esa dirección omitió toda referencia a los demás accionistas y no profundizó en la investigación, pero evitó mencionar que la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales del Ministerio de Hacienda no contestó un pedido de los investigadores, quienes solicitaban información sobre los accionistas de ambas empresas. El directorio tampoco impulsó los resortes legales para sancionar por el incumplimiento del deber de colaboración con la Conacom.

Para los investigadores de la Conacom no existen dudas que entre las empresas Eurotec e Imedic hubo colusión, la cual ocurrió con la activa participación de los hermanos Marcelo Rubén y Patricia Beatriz Ferreira Pascottini, como respectivos representantes de dichas empresas.

En la acusación se trajo a colación que la propia Dirección de Contrataciones Públicas señaló que el actuar de Eurotec no se ajustó a los principios y valores éticos que debe primar en las contrataciones públicas, ya que conociendo el sistema de adjudicación establecido para el llamado, realizó una cotización incompleta al no incluir todos los ítems que requerían los lotes establecidos.

Entonces, si desde el principio ya se sabía que las empresas de los Ferreira estaban vinculadas por accionistas en común y que por ello no existe infracción alguna, ¿por qué los directivos de la Conacom ordenaron inicialmente la investigación en junio del 2020? ¿Qué pasó luego que los hizo cambiar de opinión?