El oficialismo empieza a operar para medir los votos en la Cámara de Diputados a fin de ver si se aprueba o no el pedido de intervención de la administración del gobernador cartista Hugo Javier González, imputado por lesión de confianza y otros hechos punibles.

El Poder Ejecutivo ultima el documento a fin de remitirlo a Diputados para que se pueda tomar la decisión política con base en la mayoría.

El cartismo empieza a abroquelarse para salvar al cuestionado gobernador, cuya gestión se encuentra en dudas con el manejo de USD 1 millón otorgado durante la emergencia por la pandemia.

La pulseada entre las dos principales facciones de la ANR se desata en medio del internismo para el 2023. Si la mayoría aprueba la intervención será una derrota política para el cartismo.

El diputado Basilio Núñez, uno de los principales voceros del cartismo, adelantó que apoyarán al gobernador Hugo Javier porque consideran que es víctima de una persecución política por parte de sectores de la oposición.

En el sector oficialista responden, por un lado, al vicepresidente Hugo Velázquez y otros al presidente Mario Abdo Benítez.

La clave para conseguir la mayoría de votos estará en las negociaciones para cerrar con la oposición, principalmente con el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

INTERIOR. El viceministro de Asuntos Políticos, Daniel Centurión, comentó que el pasado viernes recibieron la nota por parte de la Junta Departamental de Central, que aprobó el pedido de intervención.

El documento fue enviado al Ministerio del Interior, que es la instancia que debe elevar el planteamiento a Diputados, según el procedimiento.

“Ingresó al Ministerio del Interior y remití al equipo técnico del Viceministerio, que es la dirección que está a mi cargo. Dictaminamos (ayer) por la recomendación de proseguir con los trámites de elevar el pedido de intervención a la Cámara de Diputados”, dijo.

Agregó que elevó el dictamen al ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, para que este lo derive a la Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República para posteriormente hacerlo a Diputados.

JUSTICIA. Paralelamente a la decisión política de Diputados, empezó a andar la maquinaria para incidentar el proceso y frenar el avance de la investigación.

La Subsecretaría de Tributación había denunciado a Hugo Javier y otros funcionarios de Central por la presentación de facturas falsas.

El fiscal Rodrigo Estigarribia, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, imputó al gobernador y a otras 15 personas.

La investigación gira en torno a la asociación criminal por “obras fantasmas”.

El Poder Ejecutivo había confirmado la serie de irregularidades en el manejo de los fondos otorgados durante la crisis sanitaria por la pandemia. Salud informó que no posee documento que avale el reconocimiento del Consejo Nacional de Salud, que recibió G. 1.276 millones. No hay datos oficiales que evidencien la donación de bienes al Hospital de Areguá.

Además, llamó la atención la transferencia de los recursos públicos a una fundación para hacer las obras de infraestructura. Hubo inconsistencias entre las fechas de la transacción administrativa con la emisión y cobro de cheque y los documentos comerciales (facturas).

Al mismo tiempo, hay puntos llamativos entre el objeto del convenio y el objeto social de la Fundación CIAP.

Entre las inconsistencias de los fondos manejados por Hugo Javier y su equipo se observó la construcción de un canal de cielo abierto, a cargo del ingeniero Óscar Gaete, y empedrados, a cargo del ingeniero Óscar Morel. Estos gastos figuran en el rubro construcción de espacios públicos.

Desembolsaron G. 976 millones para el estudio de impacto ambiental. Sin embargo, el Ministerio del Ambiente informó que la base de datos del Catastro Técnico no tiene registro a nombre de Édgar Daniel Arriola, quien fue el que hizo el estudio.

G. 6.382 millones son los fondos otorgados por Hacienda a la Gobernación de Central durante la emergencia.