Demostrar que la unidad consolidada con la Operación Cicatriz entre los dos líderes del Partido Colorado –el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y su antecesor Horacio Cartes– no es un pacto para dejar impunes casos de corrupción y daños patrimoniales y blanquear a políticos cuestionados, es el desafío que afrontan los gobernantes ante la desconfianza ciudadana y las denuncias de persecución por parte de la oposición, además de la toma de instituciones por sectores de poder.

El transcurso de los días será determinante para superar las pruebas de que la unidad colorada es solo electoral y con fines de gobernabilidad.

Rivas. Una de las más próximas, el caso caseros de oro, que afronta el diputado de Honor Colorado Tomás Rivas, que quiere a toda costa evitar una condena. Los tres acusados por estafa y cobro indebido de honorarios reciben sentencia el próximo viernes y del resultado de ese juicio depende el futuro del legislador, procesado bajo las mismas figuras. Si es condenado, deberá perder su banca, aunque los números colorados en el Parlamento pueden salvar a Rivas de una pérdida de investidura.

Cuevas. El diputado Miguel Cuevas, de Colorado Añetete, se encuentra cumpliendo prisión preventiva por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y tráfico de influencias, por irregularidades cometidas durante su gestión como gobernador de Paraguarí.

Quintana. El también diputado de Colorado Añetete Ulises Quintana cuenta con prisión preventiva tras su acusación por supuesto lavado de dinero y asociación criminal para el tráfico de drogas en el caso del Operativo Berilo.

Dávalos. El diputado cartista Avelino Dávalos tiene una denuncia por un perjuicio al Estado de G. 200.000 millones registrado durante su gestión como gobernador de Caazapá (2013-2018).

Samaniego. El diputado de Añetete Esteban Samaniego es investigado por irregularidades en su gestión como intendente de Quyquyhó.

INTENDENTES. Varios intendentes colorados, entre ellos María del Carmen Benítez, de Ybycuí, esposa de Rivas, fueron denunciados por daños patrimoniales y se espera que la Cámara de Diputados no deje impunes los casos.

Rodrigo Quintana. La muerte del joven liberal lleva tres años y la Fiscalía sigue sin avances en el caso, sin análisis del cruce de llamadas ni imputación a políticos y jefes policiales.

Caso Messer. La vista gorda hicieron la Fiscalía y la Seprelad en los casos de lavado de dinero por el que la Justicia de Brasil condenó al empresario Darío Messer, que involucró incluso a Cartes.

Caso Metrobús. La obra causó un enorme daño patrimonial que hasta hoy sigue impune. La Comisión Bicameral de Investigación pidió castigo a los responsables.

Pruebas

Sanción a cuestionados. Se espera que no queden impunes casos de Tomás Rivas, Miguel Cuevas, Esteban Samaniego, Ulises Quintana.

Investigación a intendentes. Colorados acusados de robo a comunas deben ser investigados.

Caso Rodrigo Quintana. La muerte del joven liberal lleva tres años sin avance relevante.

Caso Metrobús. El daño patrimonial millonario debe ser castigado.

Licitaciones. Las compras públicas de insumos médicos son investigadas por las diversas irregularidades denunciadas.

Instrumentación de la Fiscalía

La oposición denunció que existe una utilización con fines políticos del Ministerio Público y responsabilizó al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, de no hacer nada al respecto por estar sometido al poder de Horacio Cartes.

Recientemente fueron imputados jóvenes liberales por supuestamente alterar la escena del crimen de Rodrigo Quintana, pero los opositores sostienen que se trata de una manipulación del cartismo para blanquear a los culpables.

La misma fiscala que formuló las imputaciones, Esmilda Álvarez, es la encargada de investigar el caso Metrobús, cuya obra, calificada como una estafa cometida por la empresa Mota Engil, se llevó a cabo durante la presidencia de Cartes.