Al menos 18 personas han muerto en las últimas semanas en el departamento de Antioquia, al noroeste de Colombia, en actos de violencia en los que han participado las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como el Clan del Golfo o los Urabeños, según la Procuraduría General del país. Como consecuencia, el presidente Gustavo Petro levantó esta semana el cese el fuego entre el gobierno y las AGC y ordenó a las fuerzas armadas reanudar las operaciones de seguridad en el país.

El cese el fuego estaba en vigor desde enero, poco después de que las AGC aceptaran unirse al emblemático proceso de Paz Total de Petro, en el que el Gobierno ha ofrecido negociaciones a más de una docena de actores armados.

Petro explicó que la violencia estaba relacionada con una protesta minera que ha paralizado partes del noroeste de Colombia en las últimas semanas. Los mineros, que a menudo trabajan en condiciones cuasi ilegales y peligrosas, exigen un mayor reconocimiento y mejores condiciones laborales. Mientras el gobierno entabló un diálogo con los mineros, Petro acusó a la AGC de agitar las huelgas mineras. El grupo obtiene importantes ingresos de la minería ilegal y ha sido acusado de utilizar el oro extraído ilegalmente para blanquear las ganancias del narcotráfico.

El Estado Mayor de las AGC rechazó el señalamiento del Presidente Petro y aseguró que el grupo ha acatado el cese al fuego bilateral.

Análisis InSight Crime

Aunque el fin del cese al fuego con las AGC es un duro golpe para la Paz Total de Petro, no es sorprendente, sobre todo porque el modelo de negocio de las AGC concede un alto grado de autonomía a las subestructuras en toda Colombia.

Desde su creación en 2007, las AGC desarrollaron un modelo de franquicia que les permitió extender rápidamente su control de la producción de coca y el tráfico de cocaína por gran parte de Colombia. Y aunque se convirtió en un eje del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, su base de poder siempre permaneció en Antioquia, especialmente en el Bajo Cauca, una región con cultivos de coca y yacimientos de oro. Esta región ha sido el foco de gran parte de la violencia reciente, así como de la huelga minera.

Aunque el grupo se ha presentado unánime frente al proceso de Paz Total, no es claro cuanta lealtad tengan los segmentos de las AGC en Antioquia a su máximo líder Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, especialmente luego de la extradición de su máximo líder, Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”.

Recientemente, uno de los sucesores de Otoniel, Wilmer Giraldo Quiroz, alias “Siopas”, fue asesinado a manos de sus compañeros por presuntamente formar una disidencia dentro de la organización.

Como le explicó a InSight Crime Carlos Zapata, presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC) en Antioquia, dentro de las AGC sí hay criterios disímiles frente a las conversaciones con el gobierno nacional, particularmente porque los lideres tienen sus propios intereses económicos en las regiones que controlan. Además, resaltó que como no hay una unidad en el mando central, cesar las actividades criminales de las AGC dependerá de estos intereses territoriales.

“Es claro que grupos armados como las AGC están detrás del paro, […] ¿Cuáles son los intereses? Que a todos esos dragones (dragas) y maquinaria amarilla (las AGC) los tienen extorsionados y que la bombardeen o que sea retirada del territorio, obviamente es una disminución muy considerable en sus rentas”, señaló Zapata.

Aunque este revés representa un obstáculo para las conversaciones, el gobierno sigue en conversaciones bajo el marco de la Paz Total con otros grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o las disidencias de las extintas FARC.