La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia destrabó el caso del diputado Carlos Portillo, por presunto tráfico de influencias, al admitir una impugnación formulada por la magistrada Graciela Ortiz de Villalba, presidenta del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial Primera Sala, de la circunscripción judicial de Alto Paraná, contra la inhibición de la magistrada Mirian Brítez Aguilar, miembro del Tribunal de Apelación Penal.

La magistrada Mirian Brítez debe estudiar la apelación contra la elevación a juicio oral.

Según los antecedentes, el diputado Carlos Portillo habría pedido USD 3.000 a la contadora Auda Fleitas, para supuestamente conseguirle una resolución beneficiosa en la Cámara de Apelaciones de Ciudad del Este, en una investigación que la profesional enfrentaba en el fuero penal.

El caso se debe a una serie de audios que evidencian la supuesta intromisión política en casos judiciales tramitados en tribunales de Alto Paraná por parte de Portillo, que habría ocurrido entre agosto del año 2017 y agosto del año 2018, según la Fiscalía.

La conversación telefónica entre Portillo y Fleitas derivó en una investigación penal contra el legislador por parte del Ministerio Público.

El diputado fue imputado por el hecho punible de tráfico de influencia, el 9 de enero del año 2018, y acusado el 12 de noviembre de ese año por la fiscala Liliana Alcaraz ante el Juzgado Penal de Garantías.