Desde hace varios años, organismos internacionales y grupos de defensa de los derechos humanos, así como diversas organizaciones de la sociedad civil en Venezuela dedicadas al seguimiento de la situación de la salud, han venido advirtiendo sobre el progresivo y grave deterioro del sistema de salud en el país. En el año 2018, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en su informe "Respuesta para mantener una Agenda eficaz de cooperación técnica en Venezuela” alertó sobre la forma acelerada en la que se deterioró la capacidad operativa del sistema nacional de salud durante el período 2013-2018. Según este informe, esta pérdida de capacidad operativa afectó gravemente la gratuidad en la prestación de la atención de salud, así como el acceso a los medicamentos.
El progresivo colapso del sistema de salud venezolano no ha sido debidamente atendido por el Estado venezolano, por lo cual continúa agravándose. Durante el primer semestre de 2022, el desabastecimiento de insumos en las emergencias de los hospitales del país alcanzó en promedio un 46,8 por ciento, mientras que el desabastecimiento de insumos para los quirófanos alcanzó el 71,5 por ciento.
Ramón Cardozo.
A esta falta de insumos se agrega la baja operatividad de los servicios de laboratorios, rayos X, ecografías y, en especial, los de tomografía y resonancia magnética, los cuales alcanzan un 79 por ciento de inoperatividad. Todas estas carencias llevan a que "para que un paciente sea atendido en un hospital, el enfermo debe llevar si no todos, la gran mayoría de los insumos que se necesitan para atenderlo”, según se afirma en el Informe semestral de la Encuesta Nacional de Hospitales. Ello implica que, en la práctica, el cuidado de la salud en Venezuela se ha venido privatizando. Este mismo informe revela que, en promedio, las personas que llegan con infarto a los centros de salud públicos venezolanos deben esperar más de tres horas para recibir tratamiento. Ello explica el elevado número de lo que en este informe se analiza como "muertes evitables”.
Durante la última década en Venezuela, se ha venido produciendo un éxodo masivo del personal de salud capacitado debido, entre otros factores, a los bajos sueldos, las difíciles condiciones de trabajo y la inseguridad reinante en los centros de salud. Para el 2014, se estimaba que el 33,26 por ciento de los médicos registrados en el país habían migrado fuera de Venezuela. De acuerdo con el último informe de la ONG PROVEA, la salida de personal médico había aumentado para el año 2021 a un 70 por ciento y la salida del personal de enfermería a un 80 por ciento.
Corte de luz en un hospital venezolano en 2019.
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha colocado especial atención a la grave situación de la salud en Venezuela. En su último informe presentado el pasado 24 de junio, Bachelet destacó en sus conclusiones que en Venezuela la pandemia de COVID-19 ha agravado el frágil sistema de salud existente: "Se siguió reportando la falta de medicamentos, suministros y suficiente personal calificado en el sistema de salud, afectando en particular el acceso de mujeres y niños a una atención médica adecuada, incluido el tratamiento especializado para niños con enfermedades crónicas y la vacunación contra enfermedades prevenibles, y la salud sexual y reproductiva de mujeres y adolescentes”.
La consecuencia directa de esta lamentable situación ha sido el deterioro notable de importantes indicadores de salud del pueblo venezolano. Datos recientes recogidos del Estudio del Centro Johns Hopkins sobre la crisis de salud de Venezuela (2021), revelan que en Venezuela se ha producido una disminución de 3,5 años en la esperanza de vida en comparación con la generación anterior.
Durante la última década, la mortalidad infantil de menores cinco años ha aumentado más de 40 por ciento. Entre el 2012 y el 2016 se duplicaron las muertes maternas. En el año 2018, Venezuela representó el 48 por ciento de los casos de tuberculosis de la región y en el 2019 el 70 por ciento de los casos de malaria.
Según José Félix Oletta, médico internista y ex ministro de salud, el colapso del sistema de sanitario venezolano tiene su origen en el año 2004 con la creación de la misión "Barrio Adentro”, diseñada con la intención de remplazar al sistema de salud venezolano: "Barrio Adentro fue un modelo de Atención Primaria de Salud importado de Cuba que Chávez estableció en el país, de forma abrupta e improvisada, sin controles, y sin ningún tipo de integración técnica, administrativa, ni financiera con el sistema sanitario pre-existente, lo cual condujo a fragmentar y debilitar todo el sistema de salud venezolano”.
Planta hospitalaria de un hospital de Caracas en 2017.
Mientras se desatendía y disminuía el financiamiento del sistema hospitalario del país, el gobierno de Chávez invirtió entre 36.000 y 40.000 millones de dólares en el sistema paralelo de Barrio Adentro. Estas cuantiosas inversiones se hicieron de forma descontrolada, poco transparente, y estuvieron orientadas al proselitismo, al control social y a proporcionar ingresos al régimen cubano, y no a mejorar la cobertura y la calidad de la atención sanitaria que prestaba Barrio Adentro. Los pobres resultados de Barrio Adentro fueron tan evidentes, que el propio Chávez admitió públicamente en septiembre de 2009 que la salud en Venezuela se encontraba en 'crisis' y que más de dos mil consultorios de la misión Barrio Adentro se encontraban abandonados o cerrados. "Nunca en Venezuela una inversión tan copiosa ha dado tan pobres resultados” concluye el ex-ministro Oletta.
Para Nicolas Maduro, la crisis del sistema de salud en Venezuela tiene su origen en la "guerra económica” y en la actividad delictual de unas presuntas "mafias hospitalarias”. Dentro de las medidas más recientes que el Gobierno ha tomado para recuperar el sistema de salud, se encuentran la designación de unos "inspectores secretos” en los hospitales del país para detectar y procesar a las presuntas mafias responsables de la sustracción de los insumos hospitalarios. Asimismo, Maduro ha creado unas "Brigadas Comunitarias Militares”, cuya misión es reparar y recuperar las instalaciones hospitalarias.
Desde luego, estas medidas efectistas no abordan los problemas de fondo. El recordado fracaso del Plan Bolívar 2000 dejó en evidencia que no tiene sentido asignar a los militares tareas ajenas a sus cometidos esenciales. Por otra parte, esta especie de "espías” insertados en los hospitales ha generado un clima hostil de persecución y criminalización dentro del ya menguado y golpeado personal de la salud.
El pasado 21 de junio, Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica de Venezuela (FMV), denunció en rueda de prensa que el régimen de Nicolas Maduro había detenido en 10 días a más de 40 médicos de distintos estados de Venezuela. Según el presidente de la Federación, es necesario rechazar y condenar el propósito del gobierno de estigmatizar y trasladar la responsabilidad de la grave crisis hospitalaria a los trabajadores de la salud en Venezuela: "La situación hospitalaria presenta un cierre técnico en más del 95 por ciento por el abandono de sus instalaciones, falta de mantenimiento, carencia de equipos médicos, herramientas de trabajo, vigilancia, electricidad, agua, ascensores, insumos y medicinas entre otras necesidades. El 83 por ciento de los hospitales carecen del servicio de agua (...) y el 90 por ciento están sin plantas eléctricas o están dañadas, pero la respuesta del Gobierno es una persecución y acoso a los médicos”.
Los informes técnicos coinciden en que las causas de la crisis asistencial del país se encuentran en la desarticulación del sistema, la desinversión prolongada, la mala gerencia pública y la corrupción gubernamental. Si no se atienden estos problemas de fondo,el sistema de salud venezolano seguirá cada vez peor en terapia intensiva.(ms)
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