El Jurado de Enjuiciamiento levantó el pedido de suspensión de las juezas Carmen Silva Boveda, Ana Graciela Aguirre Núñez y Mirna Soto González, miembros del Tribunal de Sentencia que absolvió a Pereira Rivas, quien fue acusado por el homicidio del periodista Leo Veras, ocurrido en febrero de 2020 en Pedro Juan Caballero.

La Cámara de Apelación había anulado la sentencia de juicio oral y criticado duramente a las magistradas que dictaron la sentencia.

El 17 abril pasado nomas el Jurado resolvió enjuiciar a las magistradas y pedir la suspensión de las mismas a la Corte, por la gravedad del hecho cometido en sus funciones.

Sin embargo, ocho días después, el ministro Manuel Ramírez Candia solicitó que se revoque el pedido de suspensión que se tenía que enviar a la Corte Suprema. El ministro alegó que las magistradas conforman el único Tribunal de Sentencia de la circunscripción.

«Considero que resulta adecuado revocar la decisión adoptada respecto a la solicitud de suspensión”, afirmó.

El argumento esgrimido es absurdo, ridículo. ¿Se puede confiar en jueces que estarían al servicio del crimen organizado? La respuesta es un categórico NO. Es inadmisible que las magistradas sigan en funciones, ya que las mismas son un peligro para la ciudadanía y desacredita absolutamente la imagen del Poder Judicial.

Es una vergüenza que desde la propia Corte se propicie la impunidad de jueces que votan a favor de narcotraficantes, criminales, lavadores de dinero y otros hechos graves. ¿Hasta dónde se piensa llegar? ¿O se va a espera que aparezca otro Marcelo Pecci, víctima del crimen organizado? Es absolutamente intolerable, que las tres magistradas sigan en funciones, aunque Pedro Juan se quede sin Tribunal de Sentencia. ¿Les gustaría ser juzgados a los ministros por magistradas al servicio del crimen organizado? Sus señorías tienen la respuesta.

El Observador