María Antonieta estaba en el foco de la polémica ya que se dio a conocer que la misma sería parte de una empresa que ofrece asesoramiento para la obtención de registros sanitarios. En ese sentido, el Ministerio de Salud había determinado abrir una investigación para dilucidar la existencia o no de un conflicto de intereses a pedido del propio titular de la cartera, Dr. Julio Borba.

La Contraloría General de la República (CGR) había abierto una auditoría especial en la Dinavisa, institución dependiente de la cartera de Salud.

Se presume que María A. Gamarra sería accionista de Arifar-División Logística SA, que se dedica al almacenamiento de productos para la salud, asesoría en registros sanitarios y logística.