Falta de un plan para afrontar de forma sostenida cinco meses de emergencia sanitaria, ineptitud para abastecer el maltrecho sistema sanitario, además de casos de corrupción detectados en licitaciones para la compra de insumos: son parte de los argumentos de quienes puntúan con mala nota al Gobierno y a su timonel en este año marcado por la COVID-19.

La analista política Sara Mabel Villalba dijo a Efe que son factores que se han traducido en una «pérdida de credibilidad no solo del presidente de la República sino de muchos otros ministros del Poder Ejecutivo».

Una percepción que se da después de que el Gobierno obtuviera el apoyo de todas las fuerzas políticas en su primer abordaje de la pandemia, con una cuarentena temprana y un riguroso aislamiento social.

En ese contexto, el Congreso aprobó una línea de crédito de emergencia de 1.600 millones de dólares para hacer frente a la caída de la economía y reforzar la precaria sanidad pública.

Villalba, docente de la Universidad Católica e investigadora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), destacó que ese respaldo brindó a Abdo Benítez la oportunidad de situarse en un escenario inmejorable desde su atalaya del Ejecutivo.

PÉRDIDA DE CONFIANZA

Sin embargo, ese caudal parece disipado casi medio año después de la entrada en escena del coronavirus.

El impacto económico se sigue resintiendo entre la franja del empleo informal, mayoritaria en el país, a la que se ha destinado unos subsidios que algunos congresistas calificaron de «limosna».

Por el lado sanitario, los casos se han disparado en julio y lo que va de agosto, meses que se han cobrado la mayor parte de los 93 fallecidos que van hasta ahora y saturado el precario servicio de salud.

Ello cuando el Ministerio de Salud solo ha ejecutado 37 millones de dólares de los 514 millones de dólares asignados del crédito de emergencia.

A lo que se suma el fracaso de las licitaciones lanzadas para la compra de materiales médicos, que desembocaron en escándalos de corrupción.

Villalba recordó que «la comisión de supervisión y control de compras creada por el propio Gobierno informó de que las 32 convocatorias del Ministerio de Salud estaban plagadas de irregularidades y sin embargo no hay ningún funcionario imputado por la Justicia».

El desgaste por esos hechos lo está asumiendo el responsable de la cartera, Julio Mazzoleni, antes alabado y ahora en el punto de mira, aunque del foco no se libra Abdo Benítez, a quien desde su propio partido se le ha llamado la atención por su renuencia a apartar del Gobierno a algunos de sus más cuestionados ministros.

CARTES, IMPORTANTE ACTOR POLÍTICO

El tiempo de pandemia ha sido también el de la alianza entre los dos sectores del oficialismo conservador: Colorado Añeteté, que lidera Abdo Benítez, y Honor Colorado, de Cartes.

Y ello tras un divorcio fraguado después de las elecciones de 2018, cuando el sector de Abdo Benítez se desligó del de Cartes, que en los comicios partidarios presentó otro candidato a la Presidencia.

Sin embargo, el enfrentamiento se suavizó hace un año, con los diputados «cartistas» impidiendo con sus votos que la oposición abriera un juicio político a Abdo Benítez, que estaba contra las cuerdas tras un polémico acuerdo energético firmado en secreto con Brasil.

Si bien no se han divulgado las condiciones del abrazo con Cartes, se da por hecho que con ello Abdo Benítez se asegura un nuevo apoyo legislativo para la aprobación de otra línea de crédito de 350 millones de dólares, dentro de su plan para reactivar la economía, que en 2021 caería 2,3 por efecto de la pandemia según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Y en el orden interno, el Partido Colorado sella una unidad que le es imprescindible para arrasar en las elecciones municipales de 2021, tras unas internas de las que podría salir un solo movimiento.

Desde la oposición se ha calificado esa estrategia colorada como un «pacto de impunidad» para blindar a legisladores de ambas corrientes con casos con ante la Justicia.

Algunos editorialistas también apuntan que ese pacto concede seguridad a Cartes, a quien la Justicia de Brasil investiga por sus vínculos con Darío Messer, el cambista involucrado en la red de corruptela conocida como Lava Jato.

En cualquier caso, el pacto evidencia el peso político de Cartes, cuyo movimiento es mayoría en la Cámara Baja y que de momento blinda a un Abdo Benítez necesitado de estabilidad para completar su mandato en 2023. EFE