El presidente Mario Abdo Benítez envió ayer el pedido de intervención de la administración del gobernador de Central, Hugo Javier González, imputado por la presentación de facturas falsas en la rendición de cuentas de USD 1 millón transferidos durante la pandemia.

Con el pedido oficializado, empieza el operativo del cartismo para frenar la aprobación del planteamiento aprobado por la Junta Departamental, que determinará la caída o no del gobernador, cuya postulación fue impuesta por Horacio Cartes para las elecciones del 2018.

Las internas coloradas terminarán inclinando la balanza en la Cámara de Diputados. Para que se apruebe la intervención se necesitan 41 votos, y una vez aprobado se debe designar a un interventor que ayudará a profundizar la investigación, que arrancó con una serie de denuncias de irregularidades hechas por la propia Subsecretaría de Tributación y confirmadas por la Secretaría Anticorrupción, en coordinación con Auditoría del Poder Ejecutivo.

Actualmente, los colorados suman 43 votos, de los cuales 22 son fieles y siguen sin discutir las directrices ordenadas por Horacio Cartes.

Este sector ya adelantó su postura en contra de la intervención y denunció que existe una persecución política contra el gobernador.

AÑETETE. En filas del oficialismo, la bancada de Añetete tiene 21 miembros, pero aquí no se cuenta con Ulises Quintana, quien se alió también al cartismo en las pasadas municipales en Ciudad del Este y se espera que sume a ese sector a la hora de los votos.

Muchos de los diputados que están en Añetete ya directamente responden al vicepresidente Hugo Velázquez, quien está con una intensa campaña electoral de cara al 2023 en la que se juega directo contra el cartismo.

Los opositores en su conjunto suman 37 votos. Los referentes del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) son 29 y la multibancada de los partidos minoritarios son 8 integrantes. En el PLRA hay que tener en cuenta que los referentes del llanismo suelen jugar a favor del cartismo. Aquí suelen votar en ese sentido cinco integrantes.

Una de las estrategias apunta a dilatar el estudio del pedido. Será derivado a comisión para su dictamen.

IRREGULARIDADES. A comienzos de noviembre, el fiscal Rodrigo Estigarribia, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, resolvió imputar a Hugo Javier y otras 15 personas por los delitos de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal. Los recursos que recibió el gobernador en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid fueron transferidos llamativamente USD 800.000 a la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) para la ejecución de obras viales y de mejoramiento de espacios públicos.

Salud había informado que no posee documento que avale el reconocimiento del Consejo Nacional de Salud, que recibió G. 1.276 millones. No hay datos oficiales que evidencien la donación de bienes al Hospital de Areguá.

En una de las inconsistencias detectadas por Auditoría del Ejecutivo se observa que los fondos manejados por Hugo Javier y su equipo otorgaron para la construcción de un canal de cielo abierto, a cargo del ingeniero Óscar Gaete, y empedrados, a cargo del ingeniero Óscar Morel. Estos gastos figuran en el rubro construcción de espacios públicos.

El gobernador dijo que no piensa renunciar al cargo y que enfrentará a la Justicia.

41 votos se necesitan en la Cámara de Diputados para la aprobación del pedido de intervención de Central.

37 votos tiene el sector de la oposición. Sin embargo, el llanismo (5) suele jugar con el sector del cartismo.

43 son colorados en Diputados. 22 son de Honor Colorado y 21 de Añetete, pero Quintana es más de HC.