Mediante el decreto 7203, el Poder Ejecutivo objetó de forma total este lunes el proyecto de normativa que pretende permitir la reprogramación presupuestaria para las gobernaciones, a través de la modificación del artículo 280 de la Ley 6873, que aprueba el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2022.

El mencionado artículo prohíbe específicamente la reprogramación de créditos presupuestarios en relación con los aportes a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro por parte de los gobiernos departamentales.

En contacto con Última Hora, el asesor jurídico de Presidencia, Carlos César Trapani, explicó que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, vetó dicha modificación debido a que la planificación sobre el uso de los recursos debe ser de forma anual.

Asimismo, manifestó que si el proyecto ya fue aprobado en su momento, “se debe respetar” y que solo pueden darse cambios relacionados con emergencias y con la imposibilidad de llevar adelante acciones de gobierno.

“Una modificación como esta, a mitad de año, no resulta plausible. El presidente entiende que el PGN es la herramienta más importante de gestión del Estado para garantizar los derechos. Hay que verlo como un instrumento estable y se deben guardar ciertas coherencias”, expresó el asesor.

Finalmente, Trapani señaló que dicha modificación puede ser evaluada o aceptada solamente en caso de que se vea que la regla “impide a que el Estado pueda cumplir a cabalidad con sus fines”.

Por ello, el documento fue devuelto al Congreso Nacional, con el fin de que el Poder Legislativo revise su decisión.

Durante el estudio de la propuesta en la Cámara de Senadores, el gobernador del Departamento de Paraguarí, Juan Carlos Baruja, había expuesto que el proyecto buscaba la restitución de dos objetos de gastos, a fin de contar con esos rubros “para atender los sectores sociales”.

Posterior a la argumentación de Baruja, la senadora Esperanza Martínez planteó que se agregue un artículo al texto para establecer que los gobernadores puedan rendir cuentas de sus administraciones de forma cuatrimestral.