Según un nuevo estudio de la Universidad de Guadalajara (UDG), la tala ilegal es una de las economías criminales de más rápido crecimiento en México, con el 70 por ciento de la madera talada entre 2017 y 2019 carente de las licencias de rigor. En 2019, el volumen de bosques destruidos fue equivalente a dos veces el área de Ciudad de México. En 2020, el país perdió 127.770 hectáreas de bosques, 12 por ciento más que el año anterior.

El estudio reveló cómo operan las organizaciones delictivas en los estados de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, oeste de México. Todo comienza cuando los delincuentes eligen una zona de interés. Entonces, hacen una oferta por un precio muy bajo al propietario de la tierra. Si la oferta es rechazada, toman la tierra por la fuerza, mientras los propietarios recurren a su principal recurso: una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

Pero por lo regular, esas denuncias no prosperan. Cuando los funcionarios federales visitan la zona para hacer seguimiento a la deforestación o a las denuncias de despojo de tierras, son amenazados o incluso secuestrados, como lo describe el estudio de la UDG.

Los investigadores hablaron con residentes y autoridades locales, y estos les relataron que cada día se ven camiones cargados de troncos de caoba, nogal, pino y roble talados ilegalmente transitando en dirección a los puertos de Colima y Michoacán.

Aunque los agentes aduaneros han decomisado grandes cantidades de madera ilegal, eso no evita su exportación, con frecuencia a China, donde hay una demanda de madera en constante crecimiento.

El aumento de la tala ilegal, sumada a la violencia y la extorsión, amenaza la subsistencia de 1.300 comunidades en México que han creado empresas forestales para producir madera sostenible.