“Esa resolución de la institución es un atentado en contra del secreto profesional. De ser los últimos bastiones de la defensa de libertad de las personas, pasamos a ser los primeros delatores”, comentó Riera.

Añadió que “el reglamento no es para la operación, es para el abogado. Por el hecho de tener título, soy automáticamente sospechado de atender a gente sospechada, es inquisitivo. Independientemente de la obligación de denunciar, reportar, sospechar o investigar, por el otro lado tengo el código procesal, civil y laboral que protege el secreto profesional, el penal de fondo sanciona el incumplimiento con pena privativa de libertad”.

Los abogados solicitaron la medida cautelar de la suspensión de la cuestionada resolución que entró a regir el año pasado con el objetivo de prevenir el lavado de dinero.