A través de un comunicado, el gremio advierte que “en el Congreso Paraguayo, una mayoría oficialista propone e impone marcos normativos que no permiten un suficiente debate: Creación de Superministerio de Economía, Superintendencia de Cajas jubilatorias, hambre cero, etc. Esta práctica es contraria al concepto de la Democracia representativa, participativa y pluralista que define el Art. 1º de la Constitución Nacional; impide un análisis más profundo con la ciudadanía en general y, en particular, con aquellos sectores que se verán más afectados con estas decisiones”.

Si bien clasifican lo antes mencionado como suficientemente grave “lo es más que varias de estas decisiones se toman violando otros preceptos constitucionales. Citamos tres ejemplos: a) la decisión del Senado de expulsar a la legisladora Kattya González contrariando su propia normativa reglamentaria. El caso ya ha sido planteado, por la afectada, a nivel de la máxima instancia jurisdiccional con una “Acción de inconstitucionalidad” que se acompaña incluso con un pedido de “Medida cautelar de urgencia”. A más de un mes de haberse presentado, la Corte Suprema de Justicia ni siquiera decidió admitir o no la pretensión y tampoco resolvió sobre la medida de urgencia que requiere una reacción inmediata para evitar perjuicios mayores a la recurrente; b) La ley de Hambre cero no solamente plantea una enorme encrucijada porque no tiene visos que su aplicación vaya a resolver el problema real que pretende reglar y que es que los niños y jóvenes paraguayos puedan tener acceso a una cobertura alimenticia suficiente como para obtener las condiciones fisiológicas de soportar y aprovechar las horas y espacios de formación a que tienen derecho; además de ello se deroga la ley de creación del Fonacide y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación en Paraguay”, con impacto en sectores tales como el Programa de Becas Becal, Conacyt, Arancel cero para estudiantes universitarios y el Fondo Nacional para la Salud”.

Agregan que “estos proyectos no tienen garantizados sus recursos para el futuro y, fundamentalmente, que la nueva ley decreta que los fondos serán administrados por el Ministerio de Desarrollo Social y las Gobernaciones, dejándose de lado a las de Central y Presidente Hayes contrariando otra vez el principio de descentralización que consagra la carta magna; y, c) Resolución que devuelve sus fueros a legisladores: La insólita medida afecta el Art. 191 de la Constitución que consagra la potestad que tiene el Congreso de retirar los fueros a sus pares y el procedimiento para decidir el pedido que debe ser presentado por el Juez respectivo. La norma no autoriza a la cámara respectiva poder dejar sin efecto su propia medida de haber despojado de fueros a un parlamentario para volver a restituirlos cuando ya el afectado se encuentra soportando un proceso judicial. Al hacerlo también impactó en el Art. 248 que expresamente señala: ‘…En ningún caso los miembros de otros poderes, ni otros funcionarios, podrán arrogarse atribuciones judiciales que no estén expresamente establecidas en esta Constitución, ni revivir procesos fenecidos, ni paralizar los existentes, ni intervenir de cualquier modo en los juicios. Actos de esta naturaleza conllevan nulidad insanable…’. La claridad de las normas citadas no necesitan mucho esfuerzo de interpretación y como resultado no sólo tenemos que se tornan nulos, sino que también sus autores se exponen a una investigación penal por varios hechos punibles”

Finalmente resalta que  la situación no se agota en un hecho aislado, sino que constituye una suma de actuaciones que ponen en riesgo la institucionalidad de la República. “Más que nunca es la hora de que el Poder Judicial reaccione y, ejerciendo su rol del “control recíproco” que le asigna la Constitución, se expida orientando sobre el alcance y los límites que tienen los otros poderes del Estado en el ejercicio de su discrecionalidad, ciñéndose en todo al texto claro de nuestra carta magna.  El momento es crítico y exige una actuación firme y decidida. Tanto el Ministerio Público y el Poder Judicial a través de sus distintos órganos tienen la oportunidad de reencauzar la situación, devolviendo la tranquilidad a la ciudadanía”.

El Observador