Las quejas se intensifican en un contexto de alta demanda de servicios migratorios. La Jornada Migratoria del MigraMóvil de la Dirección Nacional de Migraciones en Pedro Juan Caballero, programada del 16 al 20 de noviembre de 2026 en la Gobernación de Amambay, ha puesto de manifiesto la magnitud de la situación. Se denuncia que los funcionarios solo habilitan 150 tickets de atención, a pesar de que se estima que más de 500 brasileños al día, entre estudiantes, profesionales y empresarios, buscan radicarse en el país. Esta disparidad entre la oferta de atención y la demanda real genera un caldo de cultivo para la frustración y, potencialmente, para la proliferación de prácticas irregulares.
Es crucial recordar que la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) prohíbe estrictamente a sus funcionarios actuar como gestores o intermediarios en trámites migratorios. Esta restricción se fundamenta en las leyes de la función pública y en las normativas internas de transparencia que rigen en Paraguay.
Marco Legal y Prohibiciones:
Conflicto de Intereses: La normativa es clara: un servidor público no puede cobrar honorarios ni gestionar expedientes para terceros dentro de la misma institución en la que trabaja. De hacerlo, incurriría en una falta administrativa grave, que podría derivar en delitos como cohecho o tráfico de influencias. Esta prohibición busca salvaguardar la imparcialidad y la integridad de los procesos administrativos.
Desvinculación de Irregularidades: Las autoridades de la Dirección Nacional de Migraciones han insistido en que la institución no tiene convenios ni vínculos con gestorías privadas. Además, han asegurado que se han tomado medidas para sancionar o desvincular a los funcionarios que operen en complicidad con tramitadores externos. Esta postura busca deslindar a la institución de cualquier práctica ilícita y proteger la confianza pública.
Trámites Personales o Autorizados: Los solicitantes tienen el derecho de realizar sus gestiones de forma personal, sin la necesidad de recurrir a intermediarios. En caso de que decidan recurrir a terceros, estos deben ser gestores externos debidamente inscritos en el registro oficial de la institución o representantes legales con poder autorizado. Esta disposición busca garantizar la transparencia y la legalidad en la representación de los solicitantes.
La gravedad de estas denuncias exige una investigación exhaustiva y transparente por parte de las autoridades competentes. Es fundamental que se tomen las medidas necesarias para erradicar cualquier práctica corrupta y garantizar que los trámites migratorios se realicen de manera justa, eficiente y conforme a la ley. La confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas es un pilar fundamental de la democracia, y cualquier acción que la socave debe ser abordada con la máxima seriedad.





