En medio de presiones políticas y el avance de un posible proceso de intervención en la Cámara de Diputados, el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, rompió el silencio este jueves y fue categórico: no renunciará a su cargo.

“Renunciando solo voy a dar la razón a esta gente”, expresó con firmeza el jefe comunal. Agregó que seguirá al frente del gobierno municipal hasta culminar su mandato: “Acá vamos a quedarnos hasta el final”. En alusión a una eventual convocatoria a elecciones, lanzó otro mensaje desafiante: “Si llaman a elecciones, les volveremos a ganar”.

Durante su discurso, Prieto también criticó lo que considera una maniobra política disfrazada de control administrativo, y aseguró que no se dejará amedrentar: “No me van a hacer correr y pase lo que pase, cuando me candidate, les voy a ganar las elecciones”.

Ediles opositores de Ciudad del Este instan a rechazar pedido de intervención

En paralelo a las declaraciones del intendente, la Junta Municipal de Ciudad del Este, con mayoría opositora, celebró una sesión extraordinaria en la que aprobó una minuta que rechaza el pedido de intervención impulsado desde la Cámara de Diputados.

El documento solicita de forma oficial que el Legislativo municipal fije una postura institucional contra la medida y envíe una nota a la Cámara Baja para que desestime el pedido de intervención administrativa, impulsado por la Contraloría General de la República (CGR).

Los concejales firmantes acusan al contralor Camilo Benítez de haber vulnerado la autonomía municipal y actuar sin fundamentos jurídicos claros. En el texto se denuncia que la CGR “jamás comunicó su decisión a la Municipalidad”, impidiendo que la Intendencia ejerza su derecho a la defensa.

“El contralor reconoce que muchas de sus denuncias se desestiman porque no configuran delitos, sino faltas administrativas. Aun así, busca imponer sanciones sin pasar por el sistema judicial”, indica el pronunciamiento liderado por el presidente del cuerpo, Sebastián Martínez.

La minuta advierte sobre una “intromisión política disfrazada de control administrativo”, y cuestiona el uso del dictamen de la CGR como base para promover una intervención que, a criterio de los ediles, carece de legalidad y sustento técnico.

Fuente: RDN