“Nosotros les derrotamos y lo que quieren hacer es volver al poder. Esto es un juego de poder y tienen buenos nexos y están operando desde afuera para sacarme de la Municipalidad”, puntualizó el intendente al justificar la recusación planteada contra el juez de delitos económicos, Humberto Otazú, de quien dijo es compadre de Justo “Lucho” Zacarías, actual director de la Itaipu Binacional.

El abogado Guillermo Ferreiro, representante legal de Prieto, planteó la recusación contra el magistrado Otazú que citó a Prieto el pasado 14 de septiembre para la imposición de medidas, en el marco del proceso por lesión de confianza, que se le sigue por la compra de 25.000 kits de cestas básicas para familias de recursos escasos por un monto de G. 1.769.790.000.

Debido a esta acción, la audiencia se suspendió. El argumento señala que la esposa del juez es comadre de Rocío Abed de Zacarías, esposa de Justo Zacarías, hermano del senador Javier Zacarías, todos miembros del clan denominado Zacarías. Por esta situación, Ferreiro habla de falta de imparcialidad e independencia.

El jefe comunal confirmó que acumula más de una treintena de denuncias en su contra en la Fiscalía, la gran mayoría realizada por su examigo y aliado político Celso “Kelembu” Miranda, otras realizadas por la Contraloría Ciudadana y el político y empresario Iván Airaldi, entre otros, todas relacionadas con su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este.

“Tengo 34 denuncias, es un montón, pero la gente se da cuenta de la realidad. Obviamente voy a decir que soy inocente, estoy seguro de eso, es la Fiscalía la que tiene la carga de demostrar mi culpabilidad”, remarcó.

MÁS BARATO

Con respecto a la imputación, reiteró que el Ministerio Público estuvo presente durante la entrega de los kits de alimentos, porque en su momento ya se había presentado una denuncia señalando que estaban sobrefacturados.

“Otros también compraron arroz, harina, fideo, azúcar, y demostramos que, entre las 80 instituciones públicas, entre municipios y ministerios, la Municipalidad de Ciudad del Este pagó más barato que todas, entonces no corrió lo de la sobrefacturación”, acotó, al señalar que ahora la Fiscalía dice que esos kits no se entregaron, pero aseguró que las entregas están todas documentadas con fotos y videos.

Insistió en cuentan con todos los documentos de las entregas , recordando incluso un dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) durante el trabajo de fiscalización inmediata, que –afirmó– “los kits se recibieron en su totalidad”.

Con respecto a Arturo Páez, que constantemente lo escracha, dijo que está siendo financiado para realizar exclusivamente esta “tarea”. “Es una persona alquilada, se le paga para esto”, apuntando directamente al clan Zacarías.

LOS DEMÁS IMPUTADOS

En esta causa, además de Prieto, están imputados Francisco Raimundo Arrúa, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez, Himinio Ramón Acuña, Cirle Alcaraz Ramírez, Nelson Alexis Segovia, Fermín Ávalos Britos, Emilia Vanea y Florentín Páez.

Esta causa se abrió a partir de una denuncia presentada por Celso Miranda. En principio, la causa estaba bajo la investigación del fiscal Manuel Rojas, pero luego fue derivada a la fiscalía de la capital, en la unidad especializada en delitos económicos y anticorrupción. A tres años de la denuncia, el pasado 20 de julio, los fiscales Silvio Corbeta, Rodrigo Estigarribia y Alma Zayas procedieron a la imputación del intendente.