El primer ministro de las Bahamas Philip Davis se reunió con la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, el 17 de enero, para discutir “la importancia [...] de reducir el flujo ilegal de armas a Las Bahamas procedentes de Estados Unidos”.

Sin embargo, aunque la declaración del alto funcionario bahameño mencionó el tráfico de armas como uno de los principales puntos del encuentro, la correspondiente relatoría de Estados Unidos omitió por completo ese tema.

Unos días antes, el primer ministro de San Vicente y Las Granadinas Ralph Gonsalves también hizo una fuerte declaración durante una entrevista en la radio.

“Estados Unidos de América tiene que ver con [...] la facilidad de acceso a armas y su exportación. Ellos tienen los recursos para ayudarnos con eso”, urgió.

Finalmente, el primer ministro de Granada Dickon Mitchell repitió la misma preocupación el 16 de enero.

“Nuestra(s) isla(s) están bajo la amenaza constante por la importación de armas de fuego pequeñas en especial. Llegan en barriles, llegan en contenedores y, no se dejen engañar, probablemente somos el último bastión donde hay poca o nula violencia por armas en la región”, comentó Mitchell y agregó que Santa Lucía, Trinidad y Tobago, y Jamaica enfrentaban el mismo problema.

Y aunque hay una larga historia de tráfico de armas desde Miami, Florida, hacia Haití, en los dos últimos ha habido un aumento de armas de grueso calibre a esa nación caribeña que agravaron la crisis de seguridad que atraviesa la isla. En un caso ocurrido en 2021, se imputó a un ciudadano haitiano-estadounidense por traficar armas para 400 Mawozo, una de las pandillas más sanguinarias de Haití, más famosa por el secuestro de 17 misioneros de los Estados Unidos.

La espiral de violencia que envuelve al Caribe llevó a que varios de estos países registraran tasas de homicidios récord, como Santa Lucía, Las Bahamas, Trinidad y Tobago, las islas Turcas y Caicos y San Vicente y Las Granadinas. 

Según estadísticas compiladas por InSight Crime, el Caribe tuvo a cuatro de los cinco países con mayor número de homicidios en 2022, con un ranking encabezado por las islas Turcas y Caicos, seguidas de Jamaica, Venezuela, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. No se contó con cifras confiables sobre Haití. En medio de esto, la abrumadora mayoría de los homicidios registrados en el Caribe son perpetrados con armas de fuego.

Análisis de InSight Crime

No es nuevo que Latinoamérica y el Caribe estén inundados de armas de fabricación estadounidense. Más de 2,5 millones de armas se introdujeron ilegalmente a México procedentes de Estados Unidos en la última década, según el periodista Ioan Grillo.

Pero los países caribeños son especialmente vulnerables y tienen limitadas opciones para lidiar con la crisis interna. En los decomisos de armas ilegales realizados en Haití, Santa Lucía, Trinidad y Tobago e Islas Turcas y Caicos, y otros, se han visto implicados individuos en suelo estadounidense.

En las Bahamas, la procedencia del 98% de las armas ilegales recuperadas y entregadas para su rastreo a la Oficina Estadounidense de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos en 2020 era estadounidense. Tendencias similares se observan en Haití (87%) y República Dominicana (73%).

También los territorios de Estados Unidos en el Caribe corren grave riesgo. En Puerto Rico, solo el 13% de las armas incautadas por las autoridades fueron vendidas en el país, frente a un 66% en promedio adquiridos en Estados Unidos continental. En opinión del Centro Giffords de Derecho para la Prevención de la Violencia con Armas (Giffords Law Center to Prevent Gun Violence), el tráfico de armas fue uno de los principales factores que explican el salto en la tasa de homicidios en las Islas Vírgenes estadounidenses en 2020, nueve veces más alto que en el resto del país.

En América Latina, algunos países se cansaron de pedir la intervención de Estados Unidos sobre ese problema. En México, donde cada año se importan miles de armas de Estados Unidos, en agosto de 2021 el gobierno presentó una demanda contra los fabricantes estadounidenses como Smith & Wesson, Colt y Beretta. La demanda busca una compensación de US$10 mil millones. citando que en el país se han recuperado hasta 597.000 armas fabricadas por esas empresas.

“Las empresas demandadas por el gobierno, México, por negligencia [...] facilitan activamente el tráfico ilícito de armas hacia México”, declaró en ese momento el fiscal líder de México en el caso, Alejandro Celorio, a la Radio Pública de Texas

Esa demanda fue anulada un año después por un juez estadounidense, pero sienta un precedente.

Y aunque no puede probarse la relación con la demanda, Estados Unidos sí emprendió algunas acciones para detener el flujo de armas hacia Latinoamérica y el Caribe. En agosto de 2022, una nueva legislación buscó subsanar varios vacíos que facilitan el tráfico de armas. Esto incluyó una ofensiva a las ventas particulares no reguladas y mayores penas para los llamados “compradores testaferros”, una práctica en la que personas sin antecedentes compran armas, mienten sobre el uso que les darán y luego las venden a grupos criminales.

“La compra mediante testaferros en Estados Unidos es el canal más común [de tráfico de armas hacia México], pues la mayoría de estos compradores no serán sometidos a la ley”, dijo a InSight Crime John Lindsay-Poland, activista que coordina el proyecto Paren las armas de Estados Unidos hacia México (Stop US Arms to Mexico).

Entretanto, los legisladores estadounidenses recortaron el 11,8% del presupuesto del año fiscal de 2022 (julio de 2022 a junio de 2023) para la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (Caribbean Basin Security Initiative), que ofrece ayuda en seguridad portuaria y fronteriza a las naciones caribeñas.